En un contexto de creciente tensión social y económica, el impacto de los aumentos de tarifas de servicios públicos sigue golpeando con fuerza a los sectores más vulnerables del país. Según un informe reciente, la tarifa eléctrica en Argentina ha registrado aumentos significativos desde que Javier Milei asumió la presidencia, y, paradójicamente, son los hogares con menores ingresos los que están pagando más proporcionalmente por el servicio.
Los datos revelan que la tarifa para el segmento de ingresos altos (N1) aumentó un 97% desde la llegada del gobierno de Milei. Aunque esta cifra puede parecer elevada, la diferencia con los incrementos que afectan a las clases más bajas es abismal. En la otra punta de la escala, los hogares de ingresos bajos (segmento N3) vieron un incremento del 235% en sus facturas de electricidad. Pero lo más alarmante es que los sectores de clase media (N2), que históricamente se beneficiaban de tarifas más accesibles, experimentaron un incremento impresionante de hasta un 459%.
Estos aumentos no solo reflejan la magnitud de la crisis tarifaria, sino que también destacan un fenómeno preocupante: los segmentos más vulnerables de la sociedad son los que más porcentaje de su salario destinan al pago de servicios básicos como la electricidad. En contraste con los sectores más acomodados, que pueden absorber estos aumentos con mayor facilidad, los hogares de bajos recursos ven cómo una mayor porción de su sueldo se destina a cubrir gastos de energía, sin que esto se traduzca en una mejora en la calidad del servicio.
El panorama se complica aún más debido a los continuos cortes de luz en distintas regiones del país. La falta de inversiones y la insuficiencia en la infraestructura energética suman tensiones a un cuadro ya de por sí delicado. Los hogares que deben enfrentar aumentos tan elevados en sus facturas también sufren las consecuencias de cortes de suministro, lo que no solo afecta su calidad de vida, sino que también pone en evidencia la creciente desigualdad en el acceso a los servicios públicos.
Mientras tanto, la discusión sobre la política energética y la distribución de los subsidios sigue generando división en la opinión pública. Si bien el gobierno de Milei justifica los aumentos como parte de un proceso de normalización tarifaria, la realidad es que los sectores más vulnerables parecen ser los que más padecen esta «normalización». Y aunque las estadísticas muestran que los ricos pagan proporcionalmente menos por la luz, la pregunta sobre la justicia social detrás de estos aumentos sigue sin respuesta clara.
En definitiva, los pobres y la clase media siguen pagando la luz como si fueran ricos, enfrentando un desajuste que no solo afecta su bolsillo, sino también su dignidad y calidad de vida en un contexto de creciente desigualdad. Las perspectivas de una solución a corto plazo parecen lejanas, mientras los ciudadanos claman por un acceso justo y equitativo a los servicios esenciales.
