La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes D’Alessandro, presentó el informe «Ingreso Familiar de Emergencia: análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores/as precarios/as». Este documento que permite contar con una radiografía completa de la población vulnerable que acudió al Estado a pedir una ayuda en medio de la pandemia de COVID-19.
En este estudio se determinó que, del conjunto de los potenciales beneficiarios del IFE, el 64% es pobre y el 17,9% es indigente.
«Este documento apunta a desarrollar una síntesis de las brechas de género en el país y a elaborar un diagnóstico que permita incorporar a las políticas económicas la perspectiva de género, esencial para recalibrar los instrumentos con los que se va a recuperar y encender la economía argentina», explicó D’Alessandro.
«El IFE es una herramienta de política novedosa y pone un objetivo muy desafiante: captar a la economía informal, relevarla y hacerles llegar una transferencia de dinero aún cuando la mitad de la población objetivo no tiene cuenta bancaria (y muestra una alta preferencia al efectivo). Todo esto, en un contexto de aislamiento social, con herramientas digitales muchas construidas a medida y la mínima exposición al contacto personal, en un sector que habitualmente se relaciona y aborda desde lo territorial», agregó la Directora Nacional de Género.
