Un juez federal ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detener el desmantelamiento del área de ese organismo dedicada a combatir la violencia de género. El fallo dispone textualmente que el ministro debe “abstenerse de reducir la cantidad de recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros a cargo de esos organismos”.
La resolución judicial surge tras una medida cautelar presentada por diversas organizaciones civiles, que alertaron sobre el vaciamiento de las instituciones encargadas de proteger a niñeces, mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia. Estas entidades denunciaron que los recortes en recursos humanos y materiales afectaban gravemente el funcionamiento de los centros de asistencia, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad sin la protección adecuada.
Con este fallo, la Justicia dio un contundente respaldo a las organizaciones y a las víctimas, exigiendo que el Gobierno garantice el pleno funcionamiento de las áreas que trabajan en la prevención y atención de la violencia de género. Además, se enfatiza la obligación del Estado de priorizar recursos y estrategias que permitan combatir una problemática que afecta a miles de personas en todo el país.
Las organizaciones celebraron la medida como un paso fundamental para proteger los derechos de las víctimas y remarcaron la necesidad de que las políticas de género no sean relegadas en los planes gubernamentales. También hicieron un llamado al ministro Cúneo Libarona para que revise las decisiones que motivaron esta acción judicial y garantice que los equipos especializados continúen trabajando sin restricciones.
En un contexto en el que los casos de violencia de género continúan siendo una de las principales preocupaciones sociales, el fallo judicial representa una alerta frente a posibles retrocesos en la protección de los derechos de las personas más vulnerables. La decisión también sienta un precedente importante al reafirmar el compromiso del sistema judicial con la defensa de las políticas públicas en materia de género.
