En su primera oportunidad para tomar la palabra en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, los abogados defensores expusieron una serie de irregularidades que, según sostienen, comprometen de raíz la validez del expediente. Durante más de ocho horas, denunciaron maniobras fraudulentas, contradicciones y un armado judicial que tuvo como protagonistas al chofer Oscar Centeno, al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadío, con la participación del falso abogado Marcelo D’Alessio, ya condenado a 13 años de prisión.
De acuerdo con los planteos, a través de D’Alessio se habría forzado una vinculación artificial con otra investigación —la de la compra de Gas Natural Licuado— para evitar el sorteo del expediente y garantizar que la causa quedara en manos de Stornelli y Bonadío. A partir de allí, sostienen, se desplegó una serie de detenciones masivas sin respaldo judicial, acompañadas de presiones para que los detenidos involucraran a Cristina Fernández de Kirchner a cambio de recuperar la libertad.
Uno de los ejes más cuestionados fue la propia existencia de los cuadernos atribuidos a Centeno. El chofer dio versiones cambiantes sobre su paradero: primero dijo conservarlos en su casa, luego en la vivienda de su suegra y más tarde aseguró haberlos quemado. Sin embargo, seis de esos cuadernos reaparecieron de manera inesperada, con pericias que detectaron múltiples correcciones y escrituras ajenas. Esta semana, Roberto Baratta denunció a Centeno por falso testimonio agravado.
Sobre la base de estos y otros elementos, todas las defensas coincidieron en solicitar la nulidad total de la causa, al considerar que el modo en que se llevó adelante frustró cualquier posibilidad de investigar seriamente si existieron delitos vinculados a la obra pública, el transporte o los peajes.
El juicio comenzó en noviembre, pero hasta ahora solo se habían leído las acusaciones. Recién en esta instancia pudieron expresarse los defensores de los exfuncionarios y empresarios acusados de haber entregado dinero a Baratta, entonces segundo del Ministerio de Planificación. En total, hay 19 exfuncionarios y 65 empresarios imputados, aunque algunos fueron apartados del proceso con argumentos que las defensas calificaron de arbitrarios. Entre ellos, se mencionó el sobreseimiento de Paolo Rocca y ejecutivos de Techint, justificado por supuestos pagos realizados por “razones humanitarias”.
Entre los abogados que expusieron se encuentran Carlos Beraldi (defensor de Cristina Kirchner), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (por Julio De Vido), Marcos Aldazábal y Eli Gómez Alcorta (por Roberto Baratta), Ricardo Saint Jean y Aníbal Ibarra, entre otros. Las audiencias continuarán hasta el 24 de febrero y todos anticiparon una postura común: consideran que las maniobras denunciadas contaminan todo el expediente y que se trata de una causa atravesada por la persecución política.
Beraldi hizo especial hincapié en la condena a D’Alessio, donde quedó probado su vínculo con el fiscal Stornelli. Según explicó, a partir de esa relación se construyó una falsa conexión con la causa GNL, apoyada inicialmente en fotocopias. También mencionó encuentros previos entre el periodista Diego Cabot, Stornelli y Bonadío, y la confección de actas apócrifas que precedieron a una ola de más de cien detenciones.
Otro punto señalado fue el uso de la figura del “arrepentido”. Las defensas aseguraron que se trató de confesiones obtenidas bajo presión, con amenazas explícitas de mantener a los detenidos en prisión si no incriminaban a determinados dirigentes. Incluso se denunció el intento de realizar una cámara oculta contra uno de los abogados defensores para desacreditarlo.
También se cuestionó el uso reiterado del delito de asociación ilícita, una figura que —según recordaron— ya fue descartada en otras causas similares. Los abogados remarcaron que un gobierno no puede equipararse a una organización criminal y que no es posible juzgar dos veces a las mismas personas por el mismo delito. Además, subrayaron que ni Cristina Kirchner ni Julio De Vido aparecen mencionados en los cuadernos y que no se les detectaron bienes no declarados en el exterior.
Finalmente, las defensas coincidieron en que la causa Cuadernos terminó convirtiéndose en un ejemplo de manipulación judicial que impidió esclarecer hechos relevantes. A su entender, el uso del forum shopping y otras prácticas irregulares frustraron la posibilidad de determinar con seriedad si existieron coimas, aportes ilegales de campaña o responsabilidades concretas, dejando como saldo una investigación atravesada por inconsistencias y controversias.
About The Author
