El próximo jueves se llevará a cabo una audiencia inédita en la que los represores de la última dictadura militar intentarán posicionarse como víctimas de un proceso judicial que, según argumentan, vulnera sus derechos. La instancia fue ordenada por la Cámara del Crimen, un tribunal que algunos sectores denuncian como alineado con las organizaciones que defienden a los criminales de lesa humanidad.
La audiencia se realizará sin la participación de las víctimas del terrorismo de Estado ni de los organismos de derechos humanos, un hecho que ya ha generado rechazo en diversos sectores de la sociedad. Este espacio, impulsado por diez organizaciones autodenominadas de «memoria completa», busca instalar un debate sobre las condiciones de detención de los represores condenados, apelando a la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores.
Argumentos de los represores
Las organizaciones que promueven esta acción judicial plantearon un hábeas corpus colectivo, argumentando que las condiciones de detención de los represores presos han empeorado, lo que, a su entender, contraviene la mencionada Convención. Este tratado internacional insta a considerar medidas alternativas a la prisión para personas mayores, una estrategia que podría abrir la puerta a la excarcelación de quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.
El planteo se presenta en un contexto en el que solo una minoría de los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura se encuentra tras las rejas, cumpliendo condenas efectivas. Organismos de derechos humanos advierten que este intento de los represores por reposicionarse en la escena judicial es una maniobra para deslegitimar los procesos de justicia logrados en los últimos años.
La reacción social y política
Diversos sectores políticos y sociales han expresado su preocupación por las implicancias de esta audiencia. Desde los organismos de derechos humanos hasta actores de la sociedad civil, consideran que esta movida representa un retroceso en la lucha por memoria, verdad y justicia. Para las víctimas del terrorismo de Estado, el hecho de que no se les permita participar en la audiencia no solo es una injusticia, sino también una forma de silenciar su voz en un momento clave.
Mientras tanto, las organizaciones impulsoras del hábeas corpus insisten en que buscan una reparación justa para los represores, bajo la premisa de que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos, aun para quienes han cometido los crímenes más atroces.
Una jornada que marcará un precedente
El resultado de esta audiencia no solo determinará la situación de los represores involucrados, sino que también sentará un precedente sobre cómo se interpretan los derechos de los condenados por lesa humanidad en la Argentina. La tensión entre el cumplimiento de las normas internacionales y la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado se mantiene como el eje del debate, en un país que aún lidia con las heridas de su pasado reciente.
El próximo jueves, los ojos estarán puestos en los estrados judiciales, donde se definirá si los represores logran reposicionarse como víctimas o si la lucha por memoria, verdad y justicia seguirá marcando el rumbo del país.
