El presidente Javier Milei continúa profundizando su cruzada contra la ampliación de derechos y presentó un paquete legislativo que busca derogar la figura de femicidio, la Ley Micaela, el DNI no binario y los cupos laborales para mujeres y personas trans. Bajo el título «Igualdad ante la Ley», el proyecto pretende, según fuentes oficiales, «erradicar la discriminación positiva» y «garantizar que todos los ciudadanos sean tratados de manera igual ante la ley». Sin embargo, los colectivos afectados ya anticipan que se generará una fuerte resistencia social y una avalancha de reclamos judiciales.
El proyecto contempla eliminar la figura de femicidio, que había sido incorporada como agravante en el Código Penal a través de la Ley 26.791, y modificar la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para los trabajadores del Estado. También busca derogar la ley de cupo laboral trans, que garantiza un mínimo del 1% de los puestos estatales para personas travestis, transexuales y transgénero. Asimismo, aunque inicialmente el gobierno había planeado eliminar el DNI no binario por decreto, finalmente decidió incluirlo en este paquete legislativo, impidiendo que las personas puedan registrar identidades por fuera del esquema masculino-femenino.
Estas iniciativas forman parte de lo que el gobierno de La Libertad Avanza denomina «batalla cultural», una estrategia ideológica que Milei promueve desde antes de asumir la presidencia y que busca desmontar políticas vinculadas al feminismo, la diversidad y las luchas sociales. En línea con esta narrativa, el presidente se refirió en Davos a la «ideología woke» como un «virus mental» que amenaza la cultura occidental. Esta postura, compartida por líderes como Donald Trump, Giorgia Meloni e Isaac Herzog, busca fortalecer una alianza internacional contra lo que consideran un exceso de derechos.
En el plano interno, la medida también se inscribe en la narrativa oficialista que apunta a reducir la «intervención estatal» en la vida de los ciudadanos. Para Milei, iniciativas como la Ley Micaela o el cupo trans son ejemplos de lo que él denomina «privilegios injustificados», ignorando las estadísticas que demuestran las profundas desigualdades que persisten en el país. Según el último informe del INDEC, las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los hombres, y las personas trans enfrentan tasas de desempleo y precarización laboral mucho mayores al resto de la población.
Además, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que el desmantelamiento de estas políticas representa un retroceso histórico en los derechos conquistados. La eliminación del DNI no binario, por ejemplo, afecta directamente a quienes han podido acceder a este derecho desde su creación en 2021, cuando Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer identidades no binarias en los documentos oficiales.
El proyecto, redactado por el círculo cercano a Milei, también incluye a figuras clave del oficialismo como Karina Milei, Santiago Caputo y María Ibarzábal, quienes lideraron las gestiones para presentarlo en el Congreso. Aunque el gobierno anticipa que contará con respaldo en ambas cámaras, la iniciativa promete generar un fuerte debate tanto dentro como fuera del ámbito legislativo, con numerosas movilizaciones previstas por parte de los sectores afectados.
En paralelo, el gobierno ha reforzado su retórica contra lo que denomina «agenda progresista». Según el propio presidente, «el feminismo, la equidad, la ideología de género y el cambio climático son cabezas del mismo monstruo que busca justificar el avance del Estado». Este discurso, promovido por líderes ultraconservadores a nivel global, se traduce en un intento de revertir años de avances en materia de derechos humanos, diversidad e igualdad.
La comunidad internacional sigue de cerca estas decisiones, que podrían no solo impactar en el plano interno, sino también afectar la imagen de Argentina como referente en la región en políticas inclusivas. Por ahora, el paquete «Igualdad ante la Ley» representa una de las iniciativas más controversiales de la administración Milei y refuerza la batalla cultural que el mandatario libra contra el progreso social.
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