La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, quedaron en el centro de la polémica luego de la violenta represión a la marcha de jubilados en el Congreso. Legisladores de la oposición, encabezados por el diputado Leopoldo Moreau, exigen explicaciones sobre el rol de los servicios de inteligencia en el operativo y las razones detrás de la agresión a manifestantes y periodistas.
El episodio que desató las críticas ocurrió durante una protesta de jubilados contra el ajuste previsional, cuando efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Entre los heridos se encuentra el reportero gráfico Pablo Grillo, quien recibió un impacto en el rostro mientras cubría los hechos. La brutalidad de la represión generó el repudio de organizaciones de derechos humanos y del gremio de prensa.
Moreau presentó un pedido formal para que Bullrich concurra al Congreso y explique qué información tenía su cartera sobre Grillo antes del operativo y por qué la AFI intervino en la planificación de la represión. «Es inadmisible que los servicios de inteligencia se involucren en la organización de la seguridad interior, algo expresamente prohibido por la ley», advirtió el legislador.
La presencia de agentes de inteligencia en operativos de seguridad ha sido un punto de controversia en la gestión de Bullrich. En ocasiones anteriores, organismos de derechos humanos denunciaron la utilización de la AFI para tareas de espionaje y persecución política. En este caso, las sospechas apuntan a un uso irregular de la agencia para identificar manifestantes y periodistas.
Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron las acusaciones y aseguraron que la intervención de la fuerza fue «proporcional y dentro de los márgenes de la ley». Sin embargo, la oposición insiste en que el Congreso debe investigar si hubo un accionar ilegal y si se violaron derechos fundamentales durante la represión.
El debate sobre el rol de la AFI en la seguridad interna suma un nuevo capítulo de tensión política. Con el Congreso como escenario de la disputa, la respuesta de Bullrich será clave para definir los próximos pasos de la investigación y las eventuales responsabilidades políticas en los hechos.
