El Ejecutivo proyecta avanzar con la privatización de más de una decena de compañías estatales el próximo año, con foco en energía, transporte y servicios, para fortalecer las reservas y reducir la participación del Estado en la economía.
El Gobierno nacional planea acelerar durante 2026 el proceso de privatización de empresas públicas, con el objetivo de transferir áreas clave al sector privado y obtener recursos para reforzar las reservas. En ese marco, ya tiene en carpeta más de diez compañías pertenecientes a distintos rubros estratégicos.
Entre las primeras se encuentran varias vinculadas al sistema ferroviario y portuario, como la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos y la Operadora Ferroviaria. A ellas se suman la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y Corredores Viales, que administra alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
El listado incluye además empresas de servicios y comunicación, como Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Casa de Moneda, junto con Fabricaciones Militares, que también forma parte del paquete a privatizar.
En el sector energético y de infraestructura, el Gobierno apunta a avanzar con la venta de Transener, Enarsa, las represas hidroeléctricas y AySA, la empresa que brinda los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. También aparece en el radar Intercargo, que ya despertó el interés de un grupo empresario francés, y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía.
Como paso previo, el Ejecutivo completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). La última conversión se concretó esta semana con Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) tras su inscripción en el Registro Público.
Esta política se apoya en el artículo 48 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que establece que todas las empresas con participación estatal deben transformarse en sociedades anónimas y quedar sujetas a la Ley General de Sociedades, sin prerrogativas públicas y en igualdad de condiciones con las empresas privadas.
Con este esquema, el Gobierno busca profundizar su estrategia de reducción del Estado, con especial énfasis en los sectores de energía y transporte, considerados prioritarios para la nueva etapa económica que proyecta a partir de 2026.