La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció al expresidente Mauricio Macri y a las exautoridades del organismo durante la gestión anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.
La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los Tribunales de Retiro.
En el caso de Macri, se lo denunció «en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional y como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia», según explicaron fuentes del organismo.
En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el extitular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y en diciembre de 2018, que abrieron la puerta a la venta a precio «irrisorio» a funcionarios y a agentes en actividad de 290 armas «aptas para el disparo y utilización».
La Suprema Corte sigue en cuarentena
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 17 de julio el esquema de emergencia dispuesto a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus en la administración de la justicia bonaerense.
La medida se dispuso en consonancia con la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar hasta ese día la cuarentena estricta por el COVID-19 para el Área Metropolitana.
La Corte recordó también que sigue vigente la resolución que reanudó en forma progresiva la administración de justicia a través de medios tecnológicos que no impliquen el traslado de personas a sedes judiciales.
Además, el máximo tribunal de justicia resolvió suspender la feria de invierno, pautada para fines de julio, «en razón del estado de emergencia sanitaria y su inevitable impacto sobre el servicio de justicia».
Lo dispuso con el objetivo de «satisfacer las necesidades del servicio y proveer de seguridad jurídica contemplando las formas de armonización con el ejercicio de los derechos de quienes prestan funciones en el Poder Judicial».
