En medio de fuertes tensiones internas, el gobierno se encuentra sumergido en un creciente conflicto por el control de la gestión y los negocios en el sector energético. La falta de planificación sobre la prestación del servicio y la ausencia de políticas claras agravan la situación, mientras el panorama se torna cada vez mas tenso.
A pesar del caos interno, lo que sí parece definido es el objetivo del gobierno: avanzar hacia la privatización y concentración del sector en manos de un reducido grupo de empresas «amigas». Estas compañías, según denuncias de diversos sectores, estarían alineadas con los intereses oficiales y actuarían como soporte del deterioro del plan económico actual.
La falta de transparencia en este proceso de privatización ha encendido las alarmas entre opositores, sindicatos y especialistas en energía, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de entregar un sector estratégico a intereses privados. Además, la concentración de empresas podría tener efectos negativos en la competencia y en la calidad del servicio, afectando tanto a los usuarios como a los usuarios.
La creciente crisis energética y el manejo poco claro del gobierno en este ámbito plantean interrogantes sobre el futuro del sector y sus implicancias para la economía y el bienestar social, en un contexto de profunda recesión y alta inflación. Las disputas internas no hacen más que complicar una situación que, sin una estrategia coherente, parece encaminada hacia el derrumbe.
