Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena, Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario, sin pasar por una alcaidía ni portar tobillera electrónica. En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron su detención inmediata, cuestionando el plazo otorgado por el tribunal para que se presente voluntariamente.
La defensa de la ex vicepresidenta, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un escrito de 13 páginas ante el Tribunal Oral Federal N°2 solicitando que el cumplimiento de la pena se realice directamente en el domicilio de San José 1111, donde reside junto a su hija Florencia Kirchner, con la custodia que ya tiene asignada y sin el uso del dispositivo electrónico de control.
Los abogados argumentaron que Cristina Kirchner tiene 72 años, que ya fue víctima de un intento de asesinato en 2022 y que su condición de ex presidenta impide un alojamiento seguro en una cárcel común. «Dejarla presa en una cárcel común no es compatible con los recaudos de seguridad que deben garantizarse a una persona en su situación», señalaron.
Además, advirtieron que, de trasladarla a un penal, sería inevitable que se imponga un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, lo que resultaría contrario a los estándares constitucionales en materia de ejecución penal.
Mientras tanto, el juez Jorge Gorini otorgó cinco días hábiles para que todos los condenados en la causa Vialidad, incluida Cristina, se presenten voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py. La fiscalía, sin embargo, cuestionó este plazo por considerar que se dilata la ejecución de la condena, ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional.
El Tribunal también solicitó al Ministerio de Seguridad que proponga lugares de detención adecuados, en caso de que no se haga lugar al pedido de arresto domiciliario. La definición final se espera en los próximos días.
