La estrategia energética del actual gobierno está siendo objeto de fuertes críticas por su ineficiencia y por no implementar herramientas de política pública que alivien los costos reales del sector. En lugar de adoptar medidas que permitan una gestión más equilibrada de los recursos y precios, el gobierno ha optado por trasladar los impactos financieros directamente sobre los usuarios finales, lo que agrava la situación de muchos ciudadanos y empresas.
La falta de una estrategia clara para reducir los costos en la producción y distribución de energía ha generado un escenario insostenible para los consumidores. En lugar de aprovechar recursos o implementar regulaciones que optimicen la estructura de costos del sistema energético, las tarifas y precios siguen en aumento, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
Además, la ausencia de incentivos para el desarrollo de energías renovables y la escasa inversión en infraestructura energética eficiente han intensificado las críticas. Especialistas advierten que el gobierno carece de una visión de largo plazo, y que su enfoque reactivo solo logra trasladar el peso del problema a los usuarios, sin generar soluciones que promuevan un sistema más equitativo y sostenible.
La combinación de tarifas en alza y una inacción en términos de políticas de reducción de costos ha provocado un creciente malestar entre los consumidores, que ven cómo la energía, un servicio básico, se vuelve cada vez más inaccesible. Sin una revisión profunda de la estrategia actual, es probable que la presión sobre los usuarios siga aumentando, mientras los problemas estructurales del sector energético permanecen sin resolverse.
