Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la Ley de Financiamiento y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita» que el Gobierno Nacional siga «incumpliendo» con la aplicación de la normativa.
Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.
También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).
Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades «no ha superado«, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, «el 64% del que tenía en enero de 2023«.
«El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho«, remarcaron.
En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 «se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias«; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades «no es solo presupuestaria«, porque como ciudadanos «deben denunciar con dolor y firmeza» la «ruptura del acuerdo democrático» de la división de poderes que tenemos en la nación.
Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, «son factores fundamentales de la economía del país» y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda «competir en el mundo» y «generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables»: «Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo«, añadieron.
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