La Libertad Avanza consiguió apoyo de sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales para sesionar este jueves. El temario incluye la reforma de la ley de biocombustibles y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Además, el oficialismo busca avanzar con los dictámenes de la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.
El Gobierno nacional logró avanzar en un nuevo acuerdo parlamentario con los denominados bloques dialoguistas y consiguió encaminar una sesión del Senado para este jueves, en la que buscará convertir en ley dos iniciativas de importancia para la administración de Javier Milei: la reforma del régimen de biocombustibles y el traspaso de determinadas competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El entendimiento fue alcanzado durante una reunión encabezada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con representantes de distintos espacios que suelen acompañar al oficialismo en proyectos considerados centrales.
El acuerdo también contempla avanzar este miércoles con los dictámenes de otros dos proyectos impulsados por el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II, con la intención de llevarlos al recinto el próximo 17 de septiembre.
Una sesión con dos proyectos centrales
El temario definitivo deberá ser formalizado en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para las 14, pero el entendimiento alcanzado entre el oficialismo y sus aliados permite anticipar que la sesión tendrá como principales puntos la modificación del régimen de biocombustibles y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad.
Para el Gobierno, el acuerdo resulta particularmente importante porque busca cerrar la aprobación de iniciativas económicas y regulatorias antes de que ingrese al Congreso el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado el próximo martes a la Cámara de Diputados.
La estrategia oficial consiste en avanzar primero con proyectos que ya cuentan con consensos suficientes y, al mismo tiempo, construir acuerdos para las iniciativas que todavía requieren negociaciones con los bloques provinciales.
Qué cambia con la reforma de biocombustibles
Uno de los proyectos que llegará al recinto establece nuevos porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles con combustibles tradicionales.
El dictamen de mayoría plantea elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%, mientras que el correspondiente al biodiésel pasaría del 7,5% al 10%.
La modificación tiene especial importancia para las provincias productoras, particularmente aquellas vinculadas con las cadenas de producción de alcohol, maíz, caña de azúcar y biodiésel.
El proyecto también establece límites para los cupos asignados a las empresas, con el objetivo declarado de evitar posiciones dominantes o situaciones monopólicas dentro del mercado.
Sin embargo, el texto todavía genera resistencia entre sectores de la actividad.
La tensión con las pymes del biodiésel
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la participación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.
Las pymes pretenden conservar una participación del 7,5% del mercado, mientras que el dictamen contempla una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.
Ese punto genera reparos entre senadores de provincias como La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Córdoba, que reclaman modificaciones al proyecto.
El oficialismo, en principio, busca mantener el texto acordado, aunque podría aceptar cambios puntuales para garantizar los votos necesarios durante la sesión.
La discusión deja expuesta una de las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza en el Congreso: para aprobar determinados proyectos necesita combinar el respaldo de sus aliados nacionales con las demandas específicas de los gobiernos provinciales.
El traspaso de competencias judiciales a CABA
El segundo gran proyecto que estará en el centro de la sesión establece la transferencia progresiva de determinadas competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre las causas que quedarían bajo jurisdicción porteña aparecen delitos vinculados con la integridad sexual, calumnias e injurias y hechos protagonizados por menores de entre 14 y 18 años, siempre que no se trate de delitos de competencia federal.
El traspaso forma parte de una negociación que Nación y Ciudad vienen desarrollando desde hace meses.
Los convenios correspondientes fueron firmados el 3 de julio por los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, respectivamente.
La transferencia será progresiva y requerirá, además, la aprobación de la Legislatura porteña para completar el proceso.
Una señal política para Jorge Macri
Más allá del aspecto estrictamente judicial, el acuerdo tiene una dimensión política.
El traspaso de competencias constituye una señal favorable del Gobierno nacional hacia la administración de Jorge Macri, en un momento en que La Libertad Avanza busca profundizar acuerdos con sectores del PRO y otros espacios que pueden resultar determinantes en el Congreso.
La transferencia también forma parte de una discusión más amplia sobre la autonomía de la Ciudad y el funcionamiento de la Justicia porteña.
El objetivo es que determinadas causas que actualmente tramitan en tribunales nacionales pasen a ser atendidas por la estructura judicial de CABA, en línea con el proceso de autonomía iniciado décadas atrás.
Banco Central e Inocencia Fiscal, el próximo objetivo
El acuerdo parlamentario no termina con la sesión de este jueves.
La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas también acordaron avanzar este miércoles con los dictámenes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.
La intención es que ambos proyectos puedan llegar al recinto el 17 de septiembre.
La reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno busca reforzar el equilibrio fiscal y establecer como uno de sus objetivos centrales la preservación del valor de la moneda.
El proyecto de Inocencia Fiscal II, en tanto, apunta a facilitar el ingreso al circuito formal de fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
Ambas iniciativas forman parte del paquete económico que el Gobierno pretende tener encaminado antes de que comience el debate formal del Presupuesto 2027.
El oficialismo busca asegurar el escenario legislativo
El acuerdo alcanzado por Patricia Bullrich con los bloques dialoguistas incluyó a senadores de la UCR, el PRO, Independencia, Primero Los Salteños, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Provincias Unidas.
Además de Bullrich, participaron dirigentes como Eduardo “Peteco” Vischi, Martín Goerling Lara, Beatriz Ávila, Flavia Royón, Sonia Rojas Decut, Edith Terenzi y Carlos “Camau” Espínola.
La foto política refleja el esquema que el Gobierno necesita para sostener su agenda legislativa: una bancada oficialista que todavía requiere construir mayorías proyecto por proyecto y bloques provinciales que buscan obtener respuestas a demandas específicas de sus territorios.
Con el Presupuesto 2027 a las puertas del Congreso, la Casa Rosada intenta evitar que las próximas semanas queden dominadas exclusivamente por negociaciones y busca llegar a esa instancia con parte de su agenda económica ya aprobada.
La sesión de este jueves será, en ese sentido, una nueva prueba para el oficialismo y para su capacidad de construir acuerdos en un Senado donde los votos continúan dependiendo, en buena medida, de la relación con los bloques dialoguistas y los representantes de las provincias.
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