Durante la reunión anual del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), la delegación del gobierno de Javier Milei defendió la aplicación del protocolo antipiquetes y lanzó expresiones negacionistas sobre los desaparecidos, lo que generó fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos argentinos.
La exposición, encabezada por los funcionarios Alberto Baños (Derechos Humanos), Julián Curi (Asuntos Penitenciarios) y Diego Goldman (Asuntos Legales), fue calificada como “una regresión en materia de derechos humanos” por organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Un informe que el Gobierno no respondió
Durante el encuentro privado entre el CAT y los representantes argentinos, los expertos realizaron preguntas basadas en informes elaborados por organismos locales que documentan:
Incremento de la represión policial desde diciembre de 2023
Uso arbitrario de armas menos letales
Detenciones irregulares en marchas
Violencia en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires
Mala actuación judicial en casos de torturas y malos tratos
La CPM había presentado un informe donde registró al menos 2.467 heridos y 223 detenciones arbitrarias en protestas desde la llegada de Milei al poder. Según el organismo, el Gobierno no respondió ninguna de las cifras y se limitó a descalificar los informes. Goldman llegó a afirmar que los datos sobre heridos “son todas mentiras”.
Advertencias del Comité contra la Tortura
Los expertos del CAT manifestaron preocupación por:
Prácticas institucionalizadas de violencia contra personas detenidas
Uso arbitrario de armas “menos letales” en movilizaciones
Torturas y malos tratos persistentes en contextos de encierro
Hacinamiento extremo en comisarías y unidades penitenciarias
Violencia y acoso sexual hacia mujeres detenidas
Jorge Contesse, miembro chileno del CAT, interrogó a la delegación argentina sobre la legalidad y proporcionalidad del protocolo antipiquetes y sobre denuncias de retiro de beneficios sociales a quienes participan en protestas. La respuesta oficial se centró en destacar la cantidad de policías heridos y en justificar la represión.
Negacionismo y ataques a organismos de derechos humanos
Los funcionarios argentinos repitieron expresiones negacionistas sobre el terrorismo de Estado, cuestionaron la cifra de desaparecidos y afirmaron que detrás de las políticas de memoria existen “negocios”. También señalaron que las críticas al protocolo antipiquetes provienen de una “oposición nostálgica que aún no acepta haber perdido las elecciones”.
Según organismos presentes en la audiencia, el Gobierno utilizó una estrategia de victimización y descalificación ante la falta de datos para respaldar sus argumentos.
La CPM remarcó que esta actitud representa un retroceso grave para la Argentina en materia de derechos humanos y denunció que el Gobierno vacío presupuestaria y operativamente los sitios de memoria que dependen del área conducida por Baños.
Justificación del uso de armas menos letales
El subsecretario Julián Curi se refirió a estas armas directamente como “no letales” y defendió su utilización durante las protestas. “El derecho a manifestarse está garantizado, pero si uno va a pegarle a la policía eso es ilegal”, sostuvo, destacando la aplicación de figuras penales como daño y resistencia a la autoridad.
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