El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Intercargo S.A.U. al oficializar el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de sus acciones, con un precio base establecido en 45,12 millones de dólares.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 282/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la Ley 27.742, que habilita la transferencia total de empresas estatales al sector privado sin participación residual del Estado ni esquemas de propiedad para empleados.
Venta total y condiciones de la licitación
El proceso contempla la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, equivalentes al total del capital social de la compañía, que actualmente presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país.
El esquema elegido será de “Etapa Múltiple”, con el objetivo de garantizar transparencia y atraer operadores con experiencia en el sector aeroportuario. La valuación base fue determinada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Requisitos financieros exigentes
El pliego establece condiciones estrictas para los oferentes, orientadas a asegurar la sostenibilidad operativa:
- Índice de solvencia y liquidez: no inferior a 1,20
- Capacidad de pago: el monto ofertado no podrá superar la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente
- Fondo de garantía: se deberá acreditar liquidez inmediata por al menos $29.213 millones para sostener los primeros tres meses de operación
Estas exigencias buscan filtrar candidatos y garantizar que solo participen actores con respaldo financiero sólido.
Plazos clave del proceso
La licitación se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, con el siguiente cronograma:
- Consultas al pliego: hasta el 27 de abril de 2026
- Presentación de ofertas: hasta el 7 de mayo a las 9:30
- Apertura de sobres (Etapa 1): 7 de mayo a las 10:00
Además, la convocatoria será difundida a nivel internacional, incluyendo el portal DGMARKET del Banco Mundial, con el objetivo de captar grandes operadores logísticos.
Garantías de continuidad y límites a la concentración
El pliego incorpora un período de transición obligatorio para asegurar la prestación del servicio. El futuro operador deberá mantener la actividad en los 16 aeropuertos durante al menos 180 días hábiles y notificar con 60 días de anticipación cualquier decisión de retiro.
A su vez, el Gobierno busca evitar la concentración del mercado mediante restricciones a la integración vertical, limitando la participación de empresas que ya controlen concesiones aeroportuarias o cuenten con certificados de explotación aérea.
Supervisión y control del proceso
La operación estará bajo la órbita de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Secretaría de Transporte, que junto a una comisión evaluadora técnica analizarán las ofertas económicas y los antecedentes de los postulantes.
Con esta decisión, el Ejecutivo profundiza su política de desestatización, en un contexto en el que busca reducir la participación del Estado en sectores estratégicos, mientras crecen los cuestionamientos por el impacto que estas medidas podrían tener en el empleo y la conectividad aérea.
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