El gobierno nacional ha presentado un nuevo proyecto que busca endurecer las políticas migratorias en el país. Según adelantó el vocero Manuel Adorni, la iniciativa tiene como objetivo principal modificar los criterios de residencia y establecer restricciones que incluyen el arancelamiento de servicios como la salud pública y la educación universitaria para quienes no posean residencia permanente.
Adorni afirmó que estas medidas buscan «ordenar el país, cuidar las fronteras y proteger a los argentinos». Sin embargo, la propuesta ya ha generado críticas de especialistas, funcionarios y organizaciones, quienes la consideran discriminatoria y poco realista.
Cambios en salud y educación
El proyecto, aún en elaboración por la Secretaría del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones, propone que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Según Adorni, esta medida podría convertirse en una fuente de financiamiento para las instituciones educativas, aunque no presentó datos que respalden esa afirmación.
En contraste, Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, desmintió la existencia de estudiantes sin residencia, ya que la normativa actual exige este requisito. Además, un informe oficial del gobierno señala que los extranjeros representan solo el 4,1 % del alumnado universitario y que el impacto económico de cobrar aranceles sería mínimo.
Respecto al sistema de salud, se planea que las provincias y municipios decidan si cobrar por los servicios médicos a extranjeros sin residencia. Sin embargo, datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indican que solo el 0,2 % de las consultas y el 0,8 % de las internaciones corresponden a personas no residentes, lo que demuestra un impacto limitado en el sistema.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó estas medidas como una «estrategia populista xenófoba» y advirtió que solo buscan generar odio y estigmatización. También reafirmó que en la provincia de Buenos Aires la atención seguirá siendo gratuita.
Endurecimiento en seguridad
Además de los cambios en salud y educación, el gobierno planea incluir nuevas causales de rechazo y expulsión para inmigrantes. Se endurecerían las penas para quienes ingresen con documentación falsa o violen las condiciones de ingreso, y se habilitaría la deportación inmediata para quienes cometan delitos flagrantes o atenten contra las instituciones democráticas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó las reformas, especialmente las «expulsiones exprés», aunque reconoció que será necesario modificar el Código Penal para implementarlas.
Críticas y cuestionamientos
Expertos y referentes en derechos humanos han señalado que gran parte de lo anunciado ya está contemplado en la legislación vigente, lo que sugiere que estas propuestas tienen un carácter más simbólico que práctico. Pablo Ceriani Cernadas, miembro del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes, calificó las medidas como inconstitucionales, discriminatorias y alejadas de la realidad.
Por su parte, Kreplak subrayó que el debate de fondo debería centrarse en garantizar derechos universales, en lugar de imponer restricciones que solo fomentan divisiones. «Necesitamos soluciones reales, no medidas que excluyan y generen resentimiento», concluyó.
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