En los próximos días, el Presidente de la Nación firmará un decreto que dejará a una importante empresa estatal «sujeta a privatización», con el objetivo de acelerar su venta parcial o total. La medida busca atraer inversores y mejorar las finanzas del Estado, pero ha generado un fuerte debate político y preocupación en diversas regiones del país.
Las negociaciones entre los bloques políticos avanzan, aunque con importantes diferencias. Mientras algunos sectores respaldan la decisión como una vía para modernizar y hacer más eficiente la gestión empresarial, otros advierten sobre los riesgos de privatizar una compañía que cumple un rol estratégico en la conectividad y el desarrollo territorial.
El rechazo más contundente proviene de diputados provinciales, quienes alertan que la privatización podría generar una «desconexión territorial», afectando a regiones que dependen de los servicios que provee la empresa en cuestión. Legisladores de provincias alejadas del centro del país sostienen que la medida podría profundizar las desigualdades regionales, dejando a muchas localidades sin acceso a servicios esenciales.
A medida que se acerca la firma del decreto, el debate se intensifica en el Congreso y en las provincias, donde sectores políticos y sociales ya están organizando movilizaciones en rechazo a la privatización. La tensión entre las necesidades fiscales del gobierno y el impacto social y territorial que podría generar la medida promete seguir escalando en las próximas semanas.
