Una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra un alto funcionario de la Superintendencia de Servicios de Salud volvió a poner en el centro de la escena al organismo, en medio de acusaciones por vaciamiento, irregularidades administrativas y deterioro en la atención a los beneficiarios.
La presentación judicial apunta contra el gerente Mario Gutiérrez, a quien se le atribuye haber multiplicado casi 30 veces su patrimonio sin justificación y registrar gastos por unos 60 millones de pesos que no tendrían respaldo. El expediente fue radicado en la Justicia Federal y también derivado a la Oficina Anticorrupción, bajo sospechas de posibles maniobras de lavado de activos.
Un conflicto que venía en escalada
El caso se suma a una serie de denuncias previas realizadas por trabajadores nucleados en Asociación Trabajadores del Estado, que desde hace semanas advierten sobre un proceso de vaciamiento del organismo.
Entre los principales reclamos, señalan la paralización de expedientes vinculados a prestaciones médicas, persecución laboral y la posibilidad de despidos. En ese marco, llevaron adelante medidas de fuerza incluidos paros bajo la modalidad “a la japonesa” para visibilizar la situación.
Impacto directo en el acceso a la salud
Uno de los puntos más críticos es la demora en la resolución de trámites sensibles, muchos de ellos vinculados a tratamientos médicos urgentes. Según los trabajadores, la falta de respuesta del organismo afecta directamente a los sectores más vulnerables que dependen del sistema de obras sociales.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue contundente: “Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable”.
Además, denunció “incapacidad de gestión” y advirtió que las decisiones actuales comprometen la función del Estado en garantizar servicios esenciales.
Cuestionamientos al nuevo sistema y a las obras sociales
Otro eje del conflicto es la implementación del sistema de mediación prejudicial PROMESA, que, según el gremio, traslada costos a los beneficiarios y fomenta la judicialización de los reclamos, desvirtuando el rol del organismo.
A esto se suman denuncias por controles “discrecionales” sobre las obras sociales. Desde ATE sostienen que se evita sancionar a grandes empresas de medicina prepaga mientras se endurecen las condiciones para entidades más pequeñas.
También apuntaron contra la Obra Social Unión Personal, a la que acusan de aplicar coseguros diferenciados a trabajadores no afiliados al sindicato UPCN, una práctica que calificaron como “discriminatoria e ilegal”.
Protesta y creciente tensión
En este contexto, el gremio convocó a una protesta frente a la sede del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde también prevé realizar una conferencia de prensa.
El conflicto, advierten, ya no se limita a lo laboral. Desde ATE sostienen que la situación impacta de lleno en la población y denuncian un avance de intereses privados sobre el sistema de salud.
“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque buscan favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. No vamos a permitir que destruyan el sistema de obras sociales”, concluyó Aguiar.
El escándalo suma presión sobre el Gobierno y profundiza las críticas a la gestión en un área sensible, donde las irregularidades no solo tienen consecuencias administrativas, sino también sociales y sanitarias.
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