La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió el lunes un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países.
El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el «haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada «ZOE» y «Al Coaches SAS» dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera».
En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados «haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares».
«Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio», afirmó la Organización.
El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.
A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.
Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.
Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, «el metaverso» y los NFT.
Los testimonios de los ahorristas coincidían en que muchos de ellos habían confiado buena parte de sus ahorros en Zoe y se alertaron sobre el riesgo de perderlos con las noticias de los allanamientos.
El fiscal federal Eduardo Taiano había imputado por supuestas maniobras de estafa a Cositorto y solicitado una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
El requerimiento presentado ante el juez federal Ariel Lijo incluyó referencias a una denuncia derivada por el ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y a otra que desató primero una investigación por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching”.
También se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia efectuada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).
Esa ONG desde hace tiempo que sigue «las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo Zoe y sus responsables”, según fuera oportunamente informado a través de un comunicado.
Por su parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso investigar a varias sociedades vinculadas a Zoe Capital con el objetivo de verificar su real y efectiva actividad, así como el cumplimiento de su objeto social y contractual, la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales.
Esta fiscalización se suma a la ya iniciada el 26 de enero por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que informó que investiga a una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables sin la debida autorización del organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi.
