El Gobierno dispuso una baja de aranceles que beneficia a grandes importadores. La medida busca “simplificar”, pero implica una fuerte caída de ingresos para el Estado.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) eliminó el sistema escalonado de aranceles para las importaciones de alimentos y materiales en contacto con alimentos —como envases— y lo reemplazó por una tasa única del 0,5% sobre el valor FOB. La medida fue oficializada mediante la Disposición 4538/2025 y entrará en vigencia el próximo 26 de julio.
Con esta decisión, el gobierno de Javier Milei profundiza su política de desregulación económica bajo el discurso de la eficiencia, pero con impactos fiscales que favorecen a grandes actores del comercio exterior. Según datos oficiales, solo en el primer trimestre de 2025, el esquema anterior generó ingresos por $14,8 millones, mientras que con esta nueva tasa única hubieran sido apenas $2,8 millones.
La medida se presenta como parte del ajuste del Estado: la motosierra ahora apunta a las recaudaciones arancelarias, en una lógica que prioriza la apertura total por sobre la protección o regulación del mercado local.
Desde el gobierno argumentan que el régimen anterior generaba “distorsiones” e “injusticias”, con casos donde se pagaban aranceles más altos que el valor de la mercadería importada. Sin embargo, la medida también representa una transferencia de recursos a los sectores importadores, que verán reducidos drásticamente sus costos operativos en detrimento de los ingresos públicos.
Entre las críticas que empiezan a escucharse, se advierte que este tipo de decisiones se toman en nombre de la eficiencia administrativa, pero no contemplan el impacto real sobre la industria nacional, ni sobre la fiscalidad del Estado. El mensaje es claro: menos regulación, menos Estado y más beneficios para el comercio exterior, aunque eso implique menor recaudación y mayor dependencia de productos importados.
