El Gobierno celebró inicialmente la aprobación del Presupuesto en general, pero la oposición terminó imponiéndose al lograr rechazar un capítulo completo del proyecto, que incluía el artículo 75, mediante el cual se derogaban las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
El desenlace inesperado generó festejos en la oposición y dejó al oficialismo sumido en el desconcierto, con la expectativa puesta ahora en intentar recomponer en el Senado la parte suprimida del texto. El Ejecutivo había desplegado intensas gestiones para blindar ese capítulo y, hasta último momento, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo contactos con gobernadores para asegurar respaldos, una estrategia que desde la oposición fue calificada como “extorsiva”.
El oficialismo concentró en un solo capítulo buena parte de las medidas de ajuste fiscal, una decisión que evidenció falta de pericia política. Además de la derogación de las leyes de universidades y discapacidad, el paquete incluía la restricción del beneficio de “zona fría” para usuarios de gas, la quita de la automaticidad en la actualización de prestaciones de la ANSES —como asignaciones familiares, AUH y Asignación por Embarazo— y la incorporación de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires como incentivo para sumar apoyos.
La estrategia no alcanzó. Si bien el Gobierno contaba con el respaldo del PRO, no logró convencer a otros aliados clave, como varios gobernadores, que se negaron a acompañar medidas de alto costo político. Incluso la diputada radical Karina Banfi, habitualmente alineada con el oficialismo, se desmarcó al considerar inadmisible votar contra el financiamiento universitario y las políticas para personas con discapacidad.
Desde Unión por la Patria ironizaron sobre el traspié oficialista y señalaron que el problema no fue solo económico, sino de diseño legislativo. Al agrupar reformas disímiles en un único capítulo, los diputados quedaron obligados a votar “todo o nada”, lo que derivó en un rechazo generalizado. “Negocian poco y mal, y fallan en la estrategia”, resumió una fuente opositora.
La sesión también dejó en evidencia los acuerdos paralelos necesarios para sostener el Presupuesto. En la madrugada se votaron los cargos de la Auditoría General de la Nación, y tras ese trámite juró como auditora Pamela Calletti, ex diputada salteña, en medio de cuestionamientos por el reparto de cargos.
Ni siquiera todos los votos comprometidos respondieron como esperaba el Gobierno. Legisladores de Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Corrientes se alinearon con la oposición, mientras que otros optaron por la abstención o se ausentaron en la votación del capítulo clave.
Finalmente, varios diputados que habían acompañado el Presupuesto en general se retiraron o votaron en contra del capítulo que derogaba las normas de universidades y discapacidad, sellando una derrota significativa para el oficialismo en una sesión que dejó expuestas sus debilidades parlamentarias.