El gremio La Fraternidad decidió en la tarde del martes levantar el paro que mantenía paralizados los servicios ferroviarios desde la medianoche, confirmaron a Télam fuentes oficiales. De esta manera, el sindicato decidió acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo.
Más temprano, la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, había sostenido que la medida de fuerza que realizan los trabajadores nucleados en el Sindicato La Fraternidad «es un paro político» y acusó a esa organización gremial de llevar cabo «una confrontación» con las medidas del Gobierno nacional». Fue antes de recibir al titular del gremio Omar Maturano en el ministerio para continuar con el diálogo y encontrar una solución a la medida de fuerza.
«Este es un paro político y es evidente que la decisión de ellos (La Fraternidad) se trata de una confrontación con las políticas del Gobierno», señaló Olmos, en declaraciones a Radio con Vos.
«Este es un paro político y es evidente que la decisión de ellos (La Fraternidad) se trata de una confrontación con las políticas del Gobierno»
Raquel «Kelly» Olmos
En ese sentido, la funcionaria consideró además que el reclamo sindical «responde a un política pública», al cuestionar que el gremio reclame que se le pague «un bono a jubilados ferroviarios».
«Hemos convocado a una mesa de diálogo. Ellos tienen que entender que ese bono no es una decisión que pueda comprender a un solo gremio. El Estado tiene que hacerlo en función de contemplar la situación general», observó Olmos.
Para la funcionaria, los gremios ferroviarios «debería haber acatado la conciliación obligatoria» dictada el lunes, «como lo hicieron otros gremios del transporte».
«El paro estaba convocado por un conjunto de gremios y la mayoría aceptaron el llamado a una conciliación obligatoria. Solo La Fraternidad y una seccional de la Unión Ferroviaria, resolvieron mantener el llamado a una medida de fuerza», remarcó.
Consultada sobre las medidas legales frente a la medida de fuerza, la ministra de Trabajo indicó que «desde el punto de vista operativo, se ordenaron acciones con fiscalización que se traducirán en sanciones».
«En realidad, lo que quiero decir es que no acatar una conciliación es una situación excepcional. En particular, porque este conflicto no es gremial, es algo netamente político. Se trata de un recamo para los jubilados en general», apuntó.
