Una microempresa textil con solo tres empleados enfrenta un embargo de $330 millones y una condena judicial que supera ampliamente su facturación anual. El caso expone el impacto de la litigiosidad laboral sobre las pymes bonaerenses.
La justicia laboral de la provincia de Buenos Aires podría llevar a la quiebra a Naranja Mandarina, una microempresa de Junín dedicada desde hace doce años a la fabricación y venta de ropa para niños y preadolescentes, que hoy cuenta con apenas tres empleados. La firma enfrenta una condena judicial por $190 millones y un embargo por $330 millones, cifras absolutamente imposibles de afrontar para una pyme de su tamaño.
“Si a Piegari, que tiene 100 empleados, un fallo de $200 millones le genera un problema, imaginate a mí, que tengo tres: me deja fuera de juego”, expresó Mariana Cademartori, socia mayoritaria de la empresa (80%), que comparte la titularidad con Sebastián Martino (20%). La empresaria relató con angustia que, de no prosperar un recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense antes del inicio de la feria judicial, la quiebra será inevitable.
El conflicto se originó en febrero de 2022, cuando un distribuidor independiente, que durante más de cinco años compró mercadería a la empresa con crédito propio y la revendía en una zona exclusiva fijando sus propios precios, se consideró “empleado despedido” tras un desacuerdo comercial e inició un juicio laboral. La firma sostuvo que el caso debía tramitarse en el fuero comercial, pero la Justicia lo encuadró como un vínculo laboral.
El tribunal consideró al distribuidor como “viajante de comercio” y condenó inicialmente a Naranja Mandarina a pagar $14 millones. Sin embargo, por la aplicación del denominado “fallo Barrios”, una sentencia controvertida que la Justicia laboral extiende a este tipo de causas, el monto se incrementó un 1.257%, alcanzando los $190 millones, a lo que se sumaron intereses y multas.
El escenario se agravó aún más cuando, para poder recurrir ante la Corte bonaerense, la normativa exige depositar previamente el monto total de la condena, algo absolutamente inviable para una micropyme. Mientras se ordenaba una pericia contable, el Tribunal Laboral de Junín dispuso un embargo de cuentas bancarias por más de $330 millones, paralizando por completo la actividad de la empresa.
“No podés cobrar, no podés pagar a proveedores, empleados ni impuestos. Los cheques rebotan y el giro comercial queda destruido. Si llegamos a enero así, tenemos que concursarnos”, explicó Cademartori. La empresaria ya suspendió la próxima temporada de producción y afirmó que no puede asumir ningún compromiso comercial.
Pese al respaldo de sus empleados, colaboradores indirectos y parte de la comunidad local, la situación es crítica. Incluso recordó que en diciembre de 2024 la parte demandante propuso un acuerdo por el equivalente a 30.000 dólares, que fue rechazado porque implicaba reconocer una relación laboral que, según la empresa, nunca existió.
El caso se suma a otros fallos recientes que reavivan el debate sobre la litigiosidad laboral y su impacto en las pymes. Uno de los más conocidos es el del empresario gastronómico Alberto Chinkies, dueño de Piegari, condenado a pagar más de $200 millones tras despedir a un trabajador que durante la pandemia se negó a retomar tareas como personal esencial.
Según datos recientes, entre 2021 y 2025 los juicios laborales por accidentes y conflictos de trabajo crecieron de manera sostenida, pese a que la siniestralidad bajó. En los primeros once meses de 2025, la litigiosidad aumentó 5,1% interanual. La provincia de Buenos Aires concentra el 39% de las demandas laborales del país, muy por encima de su peso poblacional.
Mientras espera una definición de la Corte bonaerense, Naranja Mandarina se convirtió en un caso testigo del riesgo que enfrentan las micropymes ante fallos judiciales desproporcionados, que pueden borrar en meses el esfuerzo de años de trabajo y dejar sin sustento a trabajadores y familias enteras.