En un giro impactante y controversial, Lourdes Arrieta, diputada nacional por el partido La Libertad Avanza (LLA), ha dado a conocer una serie de conversaciones privadas que involucran a varios de sus colegas en la organización de una visita a represores detenidos en el Penal de Ezeiza. A través de sus redes sociales, la legisladora no solo expuso los chats, sino que también lanzó duras acusaciones que han sacudido el ámbito político y social en Argentina.
El descargo, titulado «No más impunidad», no dejó espacio para la interpretación. En él, Arrieta denunció la existencia de grupos de WhatsApp que, según sus palabras, habrían sido creados con el objetivo de coordinar acciones en beneficio de militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Según la diputada, estas conversaciones privadas revelan un preocupante intento por modificar leyes y políticas con el fin de favorecer a aquellos que han sido condenados por participar en uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.
Arrieta fue precisa en su acusación, nombrando a varios diputados y abogados que, según los chats revelados, habrían participado activamente en estas discusiones. Entre los mencionados, destacó la presencia de figuras con peso en la escena política nacional, lo que ha generado una ola de reacciones y pedidos de explicaciones por parte de diferentes sectores.
Uno de los personajes centrales en estas revelaciones es el padre Ravasi, a quien Arrieta señala como un vínculo clave en la organización de las visitas y en la formulación de propuestas legislativas que podrían terminar favoreciendo a los represores condenados. Según la diputada, Ravasi habría actuado como intermediario entre los legisladores y los sectores interesados en impulsar cambios legales que alivien las condenas de estos militares.
La gravedad de las acusaciones llevó a Arrieta a exigir la constitución de una Comisión Investigadora en el Congreso Nacional. En su anuncio, la diputada fue enfática al señalar que continuará presentando pruebas y revelando nuevos detalles hasta que se tomen medidas concretas para investigar estos hechos. «No podemos permitir que la impunidad se reinstale en nuestro país. Debemos actuar con firmeza y transparencia», declaró.
El impacto de estas revelaciones ha generado una intensa polémica en el ámbito político, con pedidos de explicaciones y aclaraciones tanto desde la oposición como desde dentro de La Libertad Avanza. La exposición pública de estos chats no solo ha puesto en la mira a los legisladores involucrados, sino que también ha abierto un debate sobre los límites de la acción política y las implicancias de buscar cambios legales que favorezcan a represores condenados.
En medio de la tormenta política, Lourdes Arrieta se ha convertido en una figura clave en la lucha contra lo que ella misma ha denominado «el regreso de la impunidad». Sus declaraciones han resonado en diversos sectores de la sociedad, que ven en sus denuncias un llamado a la justicia y la transparencia. La reacción de sus colegas y la respuesta del Congreso ante sus pedidos de investigación serán determinantes para el futuro de esta controversia, que promete seguir ocupando un lugar central en la agenda pública.
