El juez federal dispuso nuevas declaraciones indagatorias en la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los dueños de la droguería Suizo Argentina deberán presentarse el 29 de octubre. La fiscalía investiga un presunto esquema de cartelización, sobreprecios y direccionamiento de compras por más de $137.000 millones.
El juez federal Ariel Lijo ordenó citar a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, respectivamente, y a otras 37 personas en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La decisión respondió al pedido formulado por el fiscal federal Franco Picardi y por Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Los investigadores sostienen que entre mayo de 2024 y agosto de 2025 habría funcionado un entramado entre empresarios y funcionarios públicos para controlar las compras de medicamentos de alto costo y favorecer a determinadas empresas proveedoras.
Las citaciones se desarrollarán entre el 29 de octubre y el 26 de noviembre. En esta primera etapa, los hermanos Kovalivker deberán presentarse ante la Justicia el próximo jueves 29 de octubre. La resolución también alcanza a directivos y ejecutivos de la droguería, empresarios vinculados con otras firmas proveedoras y personas relacionadas con el funcionamiento del organismo.
Suizo Argentina, en el centro de la investigación
La fiscalía ubica a Suizo Argentina como una pieza central del presunto esquema. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la empresa habría intervenido en decisiones de la ANDIS, obtenido información anticipada sobre las contrataciones y participado en un mecanismo de cartelización con otras droguerías para condicionar las licitaciones y las compulsas de precios.
Según el dictamen fiscal, el sistema habría permitido establecer valores de venta discrecionales y adjudicar contratos en condiciones favorables para un grupo de proveedores. Los investigadores también señalaron la existencia de presuntos retornos a funcionarios públicos a cambio de facilitar las operaciones.
Durante los 15 meses bajo análisis, Suizo Argentina habría recibido órdenes de compra por más de $137.000 millones, una cifra que la convirtió en una de las principales beneficiarias de los contratos de la agencia. La fiscalía busca determinar cómo se definían los precios, qué empresas participaban de las ofertas y qué mecanismos se utilizaban para garantizar las adjudicaciones.
La hipótesis incluye sobreprecios que, en algunos medicamentos, habrían superado ampliamente los valores de adquisición. Uno de los casos señalados por los investigadores corresponde a un fármaco comprado por alrededor de $92.000 por unidad y vendido posteriormente al organismo por cifras cercanas a los cuatro millones de pesos.
La Justicia deberá establecer si esas diferencias respondieron a maniobras coordinadas entre las empresas y funcionarios y si generaron un perjuicio económico para el Estado.
Quiénes deberán declarar
Entre los primeros convocados se encuentran Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, y Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la firma. La fiscalía atribuye al primero un presunto papel de conducción dentro de la organización investigada, mientras que al segundo lo señala como integrante del esquema.
También fueron citados Diego Viner, director de Compras de la droguería; Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa área.
De acuerdo con la acusación, distintos responsables de la empresa habrían intervenido en la preparación de ofertas, la coordinación de ventas y la determinación de precios de medicamentos destinados a la ANDIS. Los fiscales sostienen que esas tareas se habrían articulado con funcionarios del organismo y con representantes de otras compañías proveedoras.
El cronograma incluye además a Pablo Atchabahian, exintegrante de la agencia y señalado por los investigadores como un operador que habría gestionado los intereses de Suizo Argentina dentro del organismo. También deberá declarar Miguel Ángel Calvete, empresario que ya se encuentra procesado en el expediente y cuyos vínculos con los directivos de la droguería forman parte de las líneas de investigación.
Los fiscales señalaron que existen registros y documentación que permitirían reconstruir contactos, gestiones y pagos vinculados con las operaciones bajo sospecha. Entre los elementos analizados figuran comunicaciones, archivos y movimientos relacionados con las contrataciones públicas.
Spagnuolo y otros exfuncionarios, por ahora fuera de esta tanda
La nueva resolución no incluye en esta etapa al exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, al exfuncionario Daniel Garbellini ni a otros dos exintegrantes del organismo mencionados por la fiscalía.
De acuerdo con la información vinculada con el expediente, el juez prevé convocarlos más adelante, una vez que avance la ronda de declaraciones de empresarios, ejecutivos y operadores señalados en la investigación.
Spagnuolo quedó en el centro del escándalo luego de la difusión de audios que desencadenaron la causa. Su actuación al frente de la agencia y sus presuntos vínculos con empresarios y otros funcionarios son parte de los puntos que los investigadores buscan esclarecer.
En el caso de Garbellini, quien tuvo responsabilidades en el área de Incluir Salud, la fiscalía le atribuye un papel relevante en el circuito de autorización de pagos y en las relaciones entre la agencia y las empresas proveedoras.
La decisión de postergar algunas declaraciones no implica que esas personas hayan quedado fuera de la investigación. La fiscalía procura reconstruir el funcionamiento del presunto mecanismo y determinar las responsabilidades individuales de cada uno de sus participantes.
La hipótesis de la fiscalía
En su último dictamen, los fiscales describieron un presunto entramado ilícito entre funcionarios de la ANDIS y representantes de Suizo Argentina que habría permitido concentrar contrataciones, establecer precios elevados y canalizar pagos en favor de determinados proveedores.
Según esa hipótesis, la droguería no habría actuado únicamente como una empresa participante de las licitaciones, sino que habría tenido capacidad para influir sobre el funcionamiento de las compras y sobre la participación de otras firmas.
Los investigadores también apuntaron a la presunta utilización de la empresa Génesis para intervenir en las ventas al Estado y aumentar los valores de determinados medicamentos. La fiscalía sostiene que el mecanismo habría incluido acuerdos entre proveedores y el acceso anticipado a información sobre las ofertas antes del cierre de las compulsas.
La causa busca determinar, además, si existieron pagos indebidos a funcionarios y beneficios económicos para empresarios a cambio de facilitar contratos y operaciones. Para avanzar en esa reconstrucción, los investigadores analizaron documentación secuestrada durante los allanamientos y registros de comunicaciones entre los involucrados.
Las indagatorias constituyen una instancia clave para que los imputados conozcan formalmente los hechos que se les atribuyen y puedan dar su versión ante el juez. La convocatoria no implica por sí misma una declaración de culpabilidad: las responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas y del desarrollo del proceso judicial.
El expediente pone bajo la lupa el uso de recursos públicos destinados a la compra de medicamentos de alto costo y a prestaciones vinculadas con la discapacidad. Por eso, uno de los ejes centrales será determinar si las presuntas irregularidades afectaron los fondos del organismo y el acceso a tratamientos de personas que dependen de esas prestaciones.
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