COVID-19: condenado por atropellar y matar a una mujer, con prisión domiciliaria

Recibió el beneficio este lunes porque padece una enfermedad respiratoria. No tiene tobillera electrónica y lo controla la comisaría cuarta de Varela, donde estuvo preso un año y medio. Los familiares de la víctima piden rever la situación y temen una fuga

La Justicia concedió el beneficio de arresto domiciliario al hombre que atropelló y mató a una mujer en octubre de 2018 en Florencio Varela por considerar que integra un grupo de riesgo de contraer coronavirus. Los controles dependerán de la voluntad de los oficiales de la comisaría cuarta, donde estuvo alojado desde hace casi dos años, ya que no hay tobilleras electrónicas para estos casos.


Damián Galván fue condenado a cuatro años y medio de prisión por embestir a Nélida Cantón Debat el 10 de octubre de 2018, una mujer de 70 años que bajaba del colectivo para visitar a su hija en Bosques.
También fue inhabilitado para conducir por ocho años.
El conductor, que tenía antecedentes penales, abandonó a la víctima, dejó el auto en la casa de un familiar y dos días después fue aprehendido. Nunca estuvo en la cárcel porque hasta este lunes, día en que recibió el beneficio de arresto domiciliario, esperó la habilitación de un cupo en una unidad carcelaria.


El condenado fue sometido a exámenes médicos que determinaron que tiene una afección respiratoria que lo pone en riesgo de morir a causa del coronavirus.


Según la decisión judicial, Galván permanecerá en su casa mientras dure la cuarentena, luego de la cual regresará a la comisaría a la espera de su destino en una unidad penitenciaria, donde deberá cumplir la condena.


Mientras tanto, la Policía realizará visitas «sorpresa» para comprobar que el delincuente no incumple el arresto.


Para la familia de la víctima, la decisión es «a todas luces injusta», porque entendió que la comisaría «debe mantener a los sujetos alojados en la seccional y al personal en buenas condiciones sanitarias dentro del recinto -y no fuera- para garantizar también los derechos de las víctimas y no solo el de los delincuentes».
Además, los hijos de Cantón Debat consideraron «poco eficaces» los controles, dada la relación cercana que mantiene el condenado con los integrantes de la comisaría, en la que estuvo alojado desde octubre de 2018.


«Creemos que debería contar con una tobillera electrónica o un control más estricto de parte de otra comisaría. Además, existe una posibilidad de fuga. Por eso, consideramos que debe permanecer alojado en esa o en otra seccional ya que el delito que cometió es grave y recibió una condena ejemplar», dijo la familia de Cantón Debat.


El pronunciamiento fue firmado por el Juzgado Correccional Nº 1 de Florencio Varela, a cargo de la doctora Gisela Olszaniecki, en el marco del fallo del juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, que habilita beneficios extraordinarios para los presos como medida para evitar la propagación del coronavirus.


La jueza Olszaniecki había condenado a Guzmán el año pasado al encontrarlo culpable del delito de «homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor; agravado por haberse dado a la fuga y no haber brindado socorro a la víctima».
Durante el juicio se comprobó que en la mañana del 10 de octubre de 2018, Galván había conducido imprudentemente y en forma violatoria de la normativa legal vigente en materia de tránsito un vehículo por la calle Pehuajó y, al llegar a Larreta, de Bosques, «no mantuvo el dominio del vehículo porque circulaba a una velocidad que excedía la permitida y no respetó la prioridad de paso que posee el peatón».


El rodado frenó, pero igualmente la víctima fue atropellada a una velocidad de 42 kilómetros por hora, provocándole heridas que le causaron la muerte minutos más tarde.


Todos los testigos coincidieron en la forma que se dieron los hechos y la Policía sostuvo que el delincuente fue detenido a la fuerza y no se entregó a la Justicia, tal como argumentaba la defensa.

El Obispado de Quilmes, el presidente Alberto Fernández y varias organizaciones de magistrados se mostraron a favor de este tipo de dictámenes, que fueron repudiados por las asociaciones de defensa de derechos de las víctimas de delitos.