Los sindicatos docentes rechazaron la oferta del Gobierno de subir a 520 mil pesos el sueldo mínimo de los maestros, que es de $420.000 desde agosto pasado, mientras que las organizaciones del sector que integran la CGT ratificaron el paro nacional de 24 horas del lunes 5 de marzo.
Sergio Romero, titular de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT y de la Unión Docentes Argentinos (UDA), dijo que «rechazamos la paupérrima propuesta salarial del Gobierno, repudiamos la pretensión de cerrar por decreto las negociaciones y confirmamos el paro nacional del 5 de marzo”,
Unas horas antes Sonia Alesso, titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA ) pidió discutir la paritaria docente a nivel nacional y actualizar salarios, condiciones laborales, infraestructura en edificios escolares, presupuesto educativo y la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Asimismo, criticó la gestión del presidente Javier Milei por no convocar ni responder el pedido de diálogo por parte de los maestros, para acordar un piso salarial más elevado que el actual, ya que el mismo se ecuentra en $420.000.
Estas declaraciones se realizaron en un contexto de varios paros docentes: el de ayer fue convocado por CTERA y los otros dos, uno para este jueves 27 de febrero y otro para el miércoles 5 de marzo, anunciados la semana pasada, por gremios docentes nucleados en la CGT.
“Desde el Gobierno Nacional postergaron la convocatoria sin actualizar el piso salarial lo que significó un ajuste. Hoy el piso está en $420.000, es una vergüenza decir que es un buen salario”, señaló Alesso.
En la misma línea, cuestionó al Presidente de la Nación, “por gobernar sin presupuesto educativo” y por el “desentendimiento del Ejecutivo Nacional” en las áreas de infraestructura y condiciones laborales de los docentes.
, Alesso manifestó la disconformidad del cuerpo docente por la falta de inversión en el FONID, que era un valor que cobraban gracias a una ley sancionada por el Congreso Nacional en el año 1998, y que el actual Gobierno arbitrariamente dejó de pagar, “incumpliendo la legislación vigente”.
