Buenos Aires, 20 de febrero – El Gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) e incorporó nuevas actividades vinculadas al sector de petróleo y gas. La medida se formalizó a través del Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que el Ejecutivo prorrogó el régimen “por un año” y lo mejoró para hacerlo “más claro y eficiente”.
Según detalló, se sumaron nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de US$600 millones y se ordenó la reglamentación para facilitar su implementación y otorgar mayor previsibilidad.
Desde su puesta en marcha, el RIGI ya cuenta con 10 proyectos aprobados por US$25.479 millones y otros en evaluación, de acuerdo con datos oficiales. El funcionario destacó que el esquema fue “fundamental” para atraer inversiones.
Con la prórroga, las empresas interesadas en acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios podrán adherirse hasta el 8 de julio de 2027. El plazo original vencía este año. El Ejecutivo explicó que la extensión apunta a acompañar proyectos de gran escala que requieren períodos de maduración más extensos.
El decreto también incorporó la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos onshore, con un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables. En el caso de las actividades offshore, el umbral mínimo quedó fijado en US$200 millones, en línea con el perfil de riesgo y la intensidad de capital del sector.
Además, la normativa introduce cambios para simplificar la aplicación del régimen. Actualiza definiciones para precisar qué proyectos califican, redefine el concepto de “nuevo producto” —contemplando particularidades del sector tecnológico— y establece reglas más claras para ampliaciones de empresas ya operativas en el país, garantizando que los incentivos alcancen solo a nuevas inversiones.
También se ajustaron aspectos vinculados a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, con mayor precisión sobre los bienes alcanzados, su destino y la documentación requerida, y se ordenaron los procedimientos de evaluación para reducir la discrecionalidad administrativa.
Entre los principales beneficios del RIGI se encuentran la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de computar el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación de mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de controversias.
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