El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue convocado para este miércoles a las 18. La iniciativa incorpora nuevamente la Ley de Tierras Rurales, cuya derogación había dispuesto el DNU 70/2023 de Javier Milei, y busca avanzar hacia un dictamen para continuar el trámite legislativo.
El Senado comenzará a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que regresó de la Cámara de Diputados con modificaciones y con la restitución de la Ley de Tierras Rurales. El oficialismo buscará obtener dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convocado para las 18.
La reunión estará encabezada por el senador Agustín Coto, titular de Asuntos Constitucionales, y la senadora Nadia Márquez, al frente de Legislación General. El objetivo de La Libertad Avanza es avanzar con el tratamiento de una iniciativa que, además de introducir cambios en el régimen de propiedad privada, vuelve a establecer restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El texto regresó a la Cámara alta luego de que Diputados incorporara modificaciones a la versión aprobada originalmente por el Senado. Entre ellas, se incluyeron dos artículos para dejar sin efecto la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La Ley de Tierras vuelve al centro del debate
Uno de los puntos centrales de la discusión será la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, que había eliminado la vigencia de la Ley de Tierras Rurales. La modificación incorporada por Diputados dispone restablecer la normativa que regula la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales en la Argentina.
La ley establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También fija límites para evitar que personas o empresas de una misma nacionalidad concentren una proporción excesiva de ese porcentaje.
Además, la normativa contempla restricciones para la adquisición de tierras que contengan cuerpos de agua de importancia y para determinados terrenos ubicados en zonas de seguridad de frontera.
La restitución de esos límites fue respaldada en Diputados por 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones, una mayoría que reflejó el acompañamiento de legisladores de distintos espacios políticos.
Un cambio de postura del oficialismo
La incorporación de la Ley de Tierras al proyecto de propiedad privada representa un cambio respecto de la posición inicial del Gobierno nacional. El texto impulsado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contemplaba mantener la derogación de la norma y proponía elevar del 15% al 25% el límite de extranjerización de tierras rurales.
Durante el primer tratamiento en el Senado, las objeciones de distintos bloques impidieron avanzar con ese capítulo. La iniciativa fue aprobada sin esa modificación, junto con la eliminación de otros apartados que generaban resistencias políticas.
Sin embargo, el debate se reabrió cuando Diputados incorporó la restitución de la legislación rural al texto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La modificación permitió reunir apoyos de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.
El acuerdo respondió a las diferencias existentes entre el oficialismo y sectores aliados sobre la conveniencia de eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, aun cuando esos espacios respaldan otras partes del programa de desregulación económica.
Qué ocurrió en la Cámara de Diputados
La Cámara baja aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el 21 de octubre, con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como el texto recibió modificaciones respecto de la versión sancionada por el Senado, volvió a la Cámara alta para su revisión.
La restitución de la Ley de Tierras fue uno de los aspectos más relevantes de esa votación. Los artículos incorporados establecen, por un lado, dejar sin efecto la disposición del DNU 70/2023 que había eliminado la norma y, por otro, restablecer la vigencia de la Ley 26.737.
El proyecto general también introduce cambios en materia de expropiaciones, regularización dominial, desalojos y funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.
En relación con las expropiaciones, propone establecer criterios más estrictos para justificar la intervención estatal por razones de utilidad pública y fija condiciones para determinar las indemnizaciones. La iniciativa contempla que el pago se realice antes de la transferencia del dominio y regula la inclusión de eventuales daños económicos, bajo requisitos de acreditación.
El camino legislativo que resta
El plenario de este miércoles será clave para determinar si el proyecto consigue dictamen y queda en condiciones de avanzar hacia una nueva sesión del Senado. La Cámara alta deberá resolver cómo proceder frente a las modificaciones introducidas por Diputados y definir si acepta los cambios o insiste con el texto aprobado originalmente.
La discusión tendrá como eje la convivencia entre las disposiciones generales sobre propiedad privada y la restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El resultado del debate también mostrará el alcance de los acuerdos políticos que el oficialismo logró construir con otros bloques después de las diferencias registradas durante el tratamiento inicial.
Con la Ley de Tierras nuevamente incorporada al proyecto, el Gobierno busca avanzar con una iniciativa más amplia sobre propiedad privada, mientras el Senado deberá definir el futuro de una norma que volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre la extranjerización de las tierras rurales y el alcance de las desregulaciones impulsadas mediante el DNU 70/2023.
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