La Suprema Corte de Justicia bonaerense aceptó revisar el Hábeas Corpus colectivo que impulsó los pedidos de libertad y arrestos domiciliarios de cientos de presos en la provincia y que había sido concedido por la Casación bonaerense. Por lo pronto, el tribunal ordenó que se suspendan los «efectos de la decisión cuestionada» para analizar estudiar el caso en detalle.
Ahora, el máximo tribunal provincia quiere escuchar a los protagonistas: le pidió su opinión al Procurador General, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales y al defensor ante Casación, Mario Corigliano, que representa a las 19 defensorías generales que pidieron el Hábeas Corpus al que hizo lugar el juez del Tribunal de Casación, Víctor Violini, en un fallo dictado el 9 de abril que quedó en el ojo de la tormenta.
Los dictámenes de Conte Grand y de Corigliano, más los antecedentes del expediente, servirán a los jueces de la SCJ, Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres para definir los lineamientos de su resolución.
Se espera que el fallo sirva para unificar un criterio claro para los jueces que tienen a su cargo personas detenidas y que piden morigeraciones o libertades en medio de la pandemia por el coronavirus. Aunque no hay plazos para esa resolución, se espera que la Corte bonaerense se pronuncie en los próximos días, teniendo en cuenta el impacto social que generó el tema y la necesidad de esclarecer el escenario para los magistrados que deben resolver estos planteos.
Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia resolvió abrir el recurso por «gravedad institucional», como así también para abordar las infracciones procesales denunciadas por el fiscal Carlos Altuve de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal. La Corte, sin embargo, remarcó que el objeto de esta resolución «es solo al efecto de permitir el análisis de dichas cuestiones, las cuales serán resueltas en la sentencia».
El lunes, Altuve reclamó a la Corte que analizara el caso ante la «gravedad institucional» de esa resolución en donde «se ha vulnerado la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un número indeterminado de personas». Y aunque reconoció «es necesario adoptar medidas urgentes y eficaces para paliar la situación de emergencia carcelaria y sanitaria», reclamó que se deje sin efecto el fallo que había firmado el juez Víctor Violini.
Este martes, el gobernador Axel Kicillof se refirió al tema y habló de una campaña en contra del Gobierno.
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