Después de varias rondas de tires y aflojes en la negociación del texto de la Ley Bases, el oficialismo llegó al inicio de la sesión especial con la certeza de que tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, hay artículos clave que están en riesgo, empezando por el artículo 3 del capítulo de Reforma del Estado.
También pende de un hilo la reposición del impuesto a las Ganancias, reforma que está enmarcada en la Ley de Medidas Fiscales que se debate de forma conjunta con la ley ómnibus.
Esta situación de incertidumbre remueve viejos fantasmas, con el antecedente aún fresco de lo que sucedió en febrero pasado cuando producto de la caída de algunos incisos de la reforma del Estado, el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión del dictamen y el debate volvió a foja cero.
¿Podría repetirse ese escenario tan temido por el oficialismo? Es menos probable ya que esta vez el Gobierno llegó con niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas. Sin embargo, nadie se anima a descartar ese desenlace producto de lo que muchos (incluso dentro de la fuerza oficialista) catalogan como “la inestabilidad emocional” del presidente.
Temen que algún traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente de tal forma que lo desborde y lo lleve a patear el tablero aniquilando la discusión por segunda vez.
«Hagan lo que quieran con la ley bases, vamos a lograr todo a pesar a la política», dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Son palabras que resuenan como una amenaza para opositores colaboracionistas, que no quieren que se los vuelva a someter al escarnio público de ser cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.
Los artículos en riesgo
Según pudo constatar Noticias Argentinas a partir del diálogo con varias fuentes parlamentarias, el artículo tres del título Reforma del Estado está en riesgo porque los votos están muy divididos en los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal. En este último bloque los seis diputados de la Coalición Cívica votarán en contra, al igual que los dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y probablemente Juan Brügge.
Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional “a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” ya sea «la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades», o «la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Este artículo excluye del alcance a «las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan».
Y se agregó a la lista de organismos exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Sebastián Hadida (Noticias Argentinas)
