Lo que fue un vertiginoso ascenso político ahora deriva en un frente judicial complejo para Manuel Adorni. El actual jefe de Gabinete, que se perfila como candidato en las próximas elecciones porteñas, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que pone el foco en su patrimonio, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros.
Uno de los ejes del expediente es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La propiedad, de casi 200 metros cuadrados, fue declarada por un valor de 230 mil dólares, pero gran parte de la operación habría sido financiada por terceras personas, lo que despertó sospechas sobre el origen de los fondos.
El fiscal Gerardo Pollicita intenta determinar si esas personas actuaron como testaferros o si se trató de una maniobra destinada a ocultar el verdadero financiamiento de la compra.
La investigación también alcanza a otras propiedades vinculadas al entorno familiar del funcionario, incluyendo una vivienda en un country bonaerense registrada a nombre de su esposa. En este punto, la justicia analiza si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos.
En paralelo, aparecen conexiones con la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en distintas operaciones y fue convocada a declarar para esclarecer su rol en la estructura patrimonial investigada.
Otro capítulo bajo análisis es el de los vuelos privados a Uruguay, en los que surge el nombre del periodista Marcelo Grandio. La causa busca establecer si esos viajes fueron efectivamente pagados por el funcionario o si constituyen beneficios no declarados.
El caso sumó tensión tras la declaración de una empleada del sector aeronáutico que denunció irregularidades en la facturación de esos vuelos, lo que derivó en medidas judiciales para proteger a la testigo. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo.
Además, informes migratorios contradicen versiones públicas del funcionario sobre sus viajes al exterior, lo que refuerza las sospechas sobre un nivel de gastos superior al declarado oficialmente.
Con la campaña electoral en marcha, el avance de la causa podría tener impacto no solo en el futuro judicial de Adorni, sino también en el escenario político, en momentos donde la transparencia y la rendición de cuentas vuelven a ocupar el centro del debate público.
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