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Privatización de AySA: empresarios y firmas extranjeras se disputan un negocio millonario que impacta en Quilmes

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El gobierno de Javier Milei avanzó oficialmente con el proceso de privatización de AySA y ya comenzaron a aparecer los principales grupos empresarios interesados en quedarse con el control de la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano bonaerense, incluido Quilmes.

Según trascendió, entre los actores que pujan por el negocio figuran poderosos grupos económicos nacionales y compañías brasileñas, en una operación que vuelve a poner en debate el futuro de los servicios públicos esenciales y el rol del Estado.

Entre los interesados aparecen Edison Energía —integrada por la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan—, el empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

La licitación impulsada por el Ejecutivo nacional contempla la venta del 90% de la compañía, mientras que el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores. El contrato de concesión prevé una duración de 30 años, con posibilidad de extenderse por otra década más.

La decisión del Gobierno libertario genera preocupación en distintos sectores políticos y sindicales, especialmente por el antecedente de las privatizaciones de los años ‘90 y el temor a nuevos aumentos tarifarios, recortes de personal y una posible caída en las inversiones de infraestructura.

En el caso de Quilmes, AySA tiene injerencia directa sobre el servicio de agua y cloacas que utilizan miles de vecinos. El distrito aparece entre los 26 municipios bonaerenses incluidos dentro de la concesión que el Gobierno busca transferir al sector privado.

La medida también se da en un contexto donde crecen las críticas por el deterioro del poder adquisitivo, los tarifazos y el ajuste impulsado por la gestión de Milei. Mientras el Ejecutivo sostiene que la privatización permitirá mejorar la eficiencia y atraer inversiones, sectores opositores advierten que se trata de “un nuevo negocio para grupos empresarios” en medio de un fuerte retiro del Estado.

Además de Quilmes, los municipios alcanzados son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

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