El canciller y el ministro de Defensa recorrerán este viernes el predio donde se desarrolla el proyecto en Ushuaia. El Gobierno busca darle impulso a una obra iniciada en 2022 y que ahora considera estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
El Gobierno nacional busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y enviará este viernes al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, a recorrer el predio donde se desarrolla el proyecto.
La visita se producirá en medio del nuevo escenario abierto por la decisión del presidente Javier Milei de endurecer la posición argentina frente a las actividades de empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y de colocar nuevamente al Atlántico Sur como una de las prioridades estratégicas de su administración.
Quirno y Presti inspeccionarán la zona donde está previsto desarrollar la infraestructura naval y logística, con la intención de acelerar los tiempos de una obra que el Gobierno considera fundamental para fortalecer la presencia argentina en el extremo sur del país.
Una obra que comenzó en 2022
Aunque el proyecto volvió al centro de la agenda a partir del anuncio de Milei, la Base Naval Integrada no es una iniciativa nueva.
La construcción comenzó en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se colocó la piedra fundacional. El proyecto fue concebido para concentrar capacidades de las Fuerzas Armadas, mejorar la logística hacia la Antártida y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Sin embargo, el avance de los trabajos quedó condicionado por la disponibilidad de recursos. Documentación oficial relevada por Chequeado indicó que en diciembre de 2023 la obra registraba un avance del 9,13% y que hasta agosto de 2025 no se había registrado una evolución significativa.
La propia respuesta del Ministerio de Defensa a un informe presentado ante el Congreso durante 2026 había señalado que la ejecución estaba supeditada a la programación financiera y a la disponibilidad de caja.
El relanzamiento impulsado ahora por Milei apunta precisamente a destrabar ese problema.
Un proyecto de entre 400 y 500 millones de dólares
Durante la última reunión de la mesa política del Gobierno, Presti presentó los detalles de la Base Naval Integrada y del Polo Logístico que el Ejecutivo pretende desarrollar en Tierra del Fuego.
Para avanzar con la iniciativa ya fueron reasignados unos US$142 millones, aunque las estimaciones oficiales citadas por fuentes del Gobierno ubican el costo total del proyecto en un rango de entre US$400 millones y US$500 millones.
Esto implica que todavía resta definir cómo se financiará una parte sustancial de la obra.
En ese sentido, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos en materia de seguridad nacional tengan prioridad dentro del Presupuesto 2027.
La discusión presupuestaria será, por lo tanto, determinante para conocer el ritmo que finalmente tendrá la construcción.
El Gobierno la presenta como un polo logístico
Desde la Casa Rosada buscan diferenciar la iniciativa de la idea de una instalación destinada exclusivamente a fines bélicos.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la base tendrá una función principalmente logística y que se convertirá en un punto de apoyo operativo y científico para la proyección argentina hacia la Antártida.
El objetivo incluye además mejorar las capacidades de telecomunicaciones y facilitar las operaciones vinculadas con la actividad antártica.
La ubicación de Tierra del Fuego le otorga al proyecto un valor estratégico particular: permite reducir distancias hacia la Antártida y fortalecer la infraestructura argentina en una zona considerada clave para la actividad científica, logística y marítima.
Malvinas y el Atlántico Sur, nuevamente en el centro
La aceleración de la obra ocurre en paralelo con el endurecimiento de la política del Gobierno respecto de las Islas Malvinas.
Milei anunció sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina y anticipó el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El proyecto contempla endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para las empresas y proveedores que participen de actividades hidrocarburíferas en el archipiélago y habilitar, en determinados casos, la posibilidad de realizar juicios en ausencia.
Además, el Ejecutivo impulsa la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendría como objetivo coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía frente a amenazas consideradas estratégicas.
La ofensiva también incluyó nuevas sanciones contra 15 empresas internacionales, que se sumaron a otras 45 personas y compañías notificadas previamente por el Gobierno.
La denuncia contra empresas petroleras
La estrategia oficial sumó además una denuncia penal presentada por Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra varias compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
La presentación alcanzó a empresas como Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas, además de sus responsables y representantes que eventualmente hubieran participado en las actividades cuestionadas por la Argentina.
El proyecto Sea Lion se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre Buenos Aires y Londres debido a sus planes de explotación hidrocarburífera en aguas próximas a las islas.
El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se realizan sobre recursos cuya explotación no cuenta con autorización de la Argentina, mientras que las empresas involucradas defienden la legalidad de sus operaciones bajo las licencias otorgadas por las autoridades de las islas.
La mirada estratégica sobre Tierra del Fuego
El relanzamiento de la Base Naval Integrada también se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la presencia argentina en el extremo sur.
La administración Milei considera a Tierra del Fuego un punto neurálgico para la proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida. En ese esquema, la infraestructura militar convive con objetivos científicos, logísticos y de comunicaciones.
El propio Quirno había definido a Tierra del Fuego como un punto central de la estrategia argentina para defender sus intereses en el Atlántico Sur y sostener el reclamo de soberanía sobre Malvinas.
La cuestión, además, tiene una dimensión regional. Las declaraciones recientes del canciller sobre el carácter «bioceánico» de la Argentina generaron preocupación en Chile por la interpretación que podía hacerse respecto del Estrecho de Magallanes, aunque posteriormente Buenos Aires buscó bajar la tensión y reafirmó el respeto por los acuerdos bilaterales.
Una apuesta que deberá superar el desafío financiero
La visita de Quirno y Presti tendrá, entonces, un componente político y otro operativo.
Por un lado, representa la decisión del Gobierno de colocar la infraestructura de Tierra del Fuego dentro de su nueva agenda de soberanía, defensa y política exterior.
Por otro, deberá traducirse en recursos concretos para una obra cuyo desarrollo lleva varios años y que hasta ahora no logró avanzar al ritmo previsto.
El Gobierno ya asignó una primera partida de US$142 millones, pero el costo estimado total podría alcanzar hasta US$500 millones. La incorporación del proyecto al Presupuesto 2027 será una de las claves para determinar si esta vez la Base Naval Integrada logra salir definitivamente de la etapa de anuncios y avanzar hacia una ejecución sostenida.
Con Quirno y Presti en Tierra del Fuego, la Casa Rosada buscará mostrar que el giro sobre Malvinas no se limita al discurso diplomático: pretende acompañarlo con infraestructura, capacidad logística y una mayor presencia estatal en el Atlántico Sur.
About The Author
