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Sigman negó irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid y pidió su sobreseimiento

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El empresario farmacéutico presentó su descargo ante la Justicia en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas durante la pandemia. Rechazó haber obtenido beneficios indebidos, defendió la actuación de sus empresas y sostuvo que las demoras en las negociaciones con Pfizer respondieron a cuestiones jurídicas y normativas.

El empresario farmacéutico Hugo Sigman negó haber participado en irregularidades vinculadas con la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia y solicitó su sobreseimiento en la causa que investiga las negociaciones realizadas por el Estado argentino.

Sigman presentó su descargo de manera virtual ante el juez federal Ariel Lijo, mediante un escrito en el que rechazó las acusaciones formuladas en su contra y dio su versión sobre la participación de empresas vinculadas a su grupo en la producción y desarrollo de vacunas durante la emergencia sanitaria.

La investigación judicial busca determinar si existieron maniobras irregulares que habrían beneficiado a determinadas compañías durante el proceso de adquisición de vacunas, mientras se demoraban otras negociaciones, entre ellas las mantenidas con el laboratorio Pfizer.

Según la hipótesis que se investiga, empresas relacionadas con Sigman habrían resultado favorecidas en el marco de las decisiones adoptadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

El empresario rechazó esa interpretación y sostuvo que las circunstancias deben analizarse dentro del contexto extraordinario que atravesaba el mundo durante la pandemia, marcado por la escasez global de vacunas e insumos médicos.

La defensa de la participación de sus empresas

Uno de los puntos centrales de la presentación estuvo relacionado con la participación del laboratorio mAbxience, vinculado al grupo empresario de Sigman, en la producción del principio activo utilizado para la elaboración de la vacuna de AstraZeneca.

El empresario explicó que su laboratorio fue contratado para fabricar ese componente destinado a una determinada cantidad de dosis para América Latina, en un contexto en el que AstraZeneca no contaba con instalaciones propias suficientes para llevar adelante esa etapa de producción.

Sigman sostuvo que la intervención de mAbxience estuvo circunscripta a esa tarea industrial y rechazó que la empresa hubiera tenido participación en la comercialización de las vacunas o en la decisión sobre su adjudicación al Estado argentino.

También negó que el volumen de dosis adquiridas por el país representara para sus compañías un beneficio económico vinculado directamente con las decisiones tomadas por las autoridades.

La relación con Sinopharm

En su descargo, Sigman también se refirió a la participación del laboratorio Elea Phoenix en cuestiones relacionadas con la vacuna Sinopharm.

Según explicó, la vinculación fue de carácter exclusivamente técnico y se produjo en el marco de un ensayo clínico, sin intervención en la comercialización ni en la adjudicación de las dosis.

De esta manera, el empresario buscó diferenciar la actividad científica e industrial desarrollada por las compañías de cualquier decisión vinculada con la compra de vacunas por parte del Estado.

Para su defensa, la participación en procesos de producción o estudios clínicos no implica, por sí misma, una intervención en las decisiones de contratación pública que actualmente son objeto de investigación judicial.

Las demoras en las negociaciones con Pfizer

Otro de los aspectos abordados por Sigman fue la negociación que el Gobierno argentino mantuvo con Pfizer durante la pandemia.

La investigación analiza si existieron decisiones o exigencias que habrían retrasado la llegada de vacunas de esa compañía mientras avanzaban otros acuerdos.

El empresario rechazó haber tenido cualquier influencia sobre ese proceso y sostuvo que las demoras estuvieron relacionadas con las condiciones jurídicas exigidas por Pfizer y con el marco normativo vigente en la Argentina.

También negó que el Gobierno hubiera condicionado la compra de vacunas a la incorporación de un supuesto socio local vinculado con la empresa.

Ese punto constituye uno de los ejes centrales de la causa, ya que la investigación busca establecer cómo se desarrollaron las negociaciones con los distintos laboratorios y qué factores determinaron los tiempos y condiciones de los acuerdos alcanzados.

La investigación por presunto tráfico de influencias

Sigman también es investigado en relación con un posible tráfico de influencias y por sus vínculos con funcionarios y referentes que tuvieron participación durante la pandemia.

Entre las personas mencionadas en la investigación figuran los exministros de Salud Ginés González García y Carla Vizzotti, además del infectólogo Pedro Cahn.

El empresario sostuvo que las relaciones personales o profesionales que mantenía con esas personas no constituyen una prueba de la existencia de una maniobra ilegal.

En su presentación, rechazó que esos vínculos permitan establecer, por sí solos, que hubiera existido una intervención destinada a favorecer los intereses económicos de sus empresas.

Un expediente que vuelve sobre las decisiones de la pandemia

La declaración de Sigman se produjo después de varias postergaciones de su indagatoria. La causa judicial vuelve a revisar ahora algunas de las decisiones adoptadas durante uno de los momentos más complejos de la emergencia sanitaria, cuando los gobiernos de todo el mundo competían por el acceso a vacunas en medio de una oferta limitada y una demanda global extraordinaria.

La investigación deberá determinar si las negociaciones, contratos y vínculos entre funcionarios, empresas y asesores respondieron exclusivamente a las necesidades derivadas de aquel contexto o si existieron conductas que puedan configurar algún tipo de irregularidad.

Por el momento, Sigman negó las acusaciones y pidió que la Justicia disponga su sobreseimiento. La decisión sobre su situación procesal quedará ahora en manos del juzgado a cargo de Ariel Lijo, mientras continúan las medidas y el análisis de las pruebas incorporadas al expediente.

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