El Ejecutivo nacional anunció la disolución de tres fondos fiduciarios destinados a la vivienda social, la agricultura familiar y las comunicaciones. Esta decisión, que se suma a la eliminación de otros 15 fondos bajo la llamada “motosierra libertaria”, fue justificada bajo el argumento de “irregularidades en el manejo de los fondos y el incumplimiento de objetivos”. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas por parte de las comunidades beneficiarias y organizaciones sociales que cuestionan el impacto en los proyectos de desarrollo e integración territorial.
Entre los fondos disueltos se encuentran programas que buscaban mejorar el acceso a la vivienda para sectores vulnerables, apoyar a pequeños productores de la agricultura familiar y fortalecer las comunicaciones en regiones periféricas. Estas iniciativas estaban destinadas a promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible en áreas históricamente relegadas.
Desde el Gobierno señalaron que la medida responde a auditorías que detectaron problemas en la administración de los recursos y una falta de resultados tangibles en el cumplimiento de los objetivos establecidos. «No podemos seguir sosteniendo estructuras ineficientes que no rinden cuentas ni cumplen con su propósito», declaró una fuente del Ministerio de Economía.
Por su parte, organizaciones sociales y beneficiarios de los programas afectados denunciaron que la disolución de los fondos afecta directamente a las comunidades más vulnerables, que dependen de estas políticas para mejorar sus condiciones de vida. «Estos fondos no solo significaban un apoyo económico, sino también una herramienta para reducir las desigualdades y fomentar el arraigo en el territorio», sostuvo un representante de la Red de Agricultores Familiares.
La oposición también se sumó a las críticas, argumentando que la eliminación de los fondos responde más a una estrategia de ajuste fiscal que a una verdadera evaluación de su funcionamiento. En este contexto, legisladores de diversos bloques anunciaron que solicitarán informes detallados sobre las auditorías realizadas y los criterios utilizados para justificar estas disoluciones.
La medida se inscribe en una política de revisión y reducción del gasto público que el Gobierno viene implementando bajo la bandera de la eficiencia administrativa. No obstante, el impacto social y económico de estas decisiones podría aumentar las tensiones con los sectores afectados, que exigen soluciones concretas y una mayor participación en las decisiones que los involucran.
La controversia plantea una pregunta clave: ¿es posible equilibrar la eficiencia fiscal con la promoción de la equidad y el desarrollo territorial? En un país marcado por profundas desigualdades, el debate sobre el destino de estos fondos fiduciarios parece estar lejos de concluir.
