Hudson, Buenos Aires – La posibilidad de que Rafael Di Zeo, reconocido líder de la barra brava de Boca Juniors, se mude al exclusivo country Abril Club de Campo desató una fuerte reacción vecinal. Más de 370 residentes firmaron una solicitud formal para impedir su ingreso al barrio cerrado, argumentando antecedentes judiciales y temores por la seguridad interna.
La intención de Di Zeo de instalarse en uno de los barrios privados más selectos de la zona sur del conurbano bonaerense fue recibida con amplio rechazo por parte de la comunidad. Según establece el reglamento interno del country, se necesitan al menos 204 firmas para vetar el ingreso de un nuevo residente. En este caso, la oposición fue más que contundente: se recolectaron más de 370 adhesiones.
La administración del country ya recibió el documento con las firmas, donde se enumeran las razones por las cuales los vecinos rechazan la mudanza del jefe barrabrava. El escrito hace mención directa a los antecedentes penales de Di Zeo y a las causas judiciales en las que ha estado involucrado, además de resaltar que su presencia podría alterar la tranquilidad y el normal desenvolvimiento de la vida en el barrio.
“Este es un lugar pensado para familias, con chicos, con actividades sociales y deportivas. La llegada de una persona con su historial judicial no solo genera incomodidad, sino preocupación real por la seguridad”, sostuvo uno de los vecinos firmantes, bajo condición de anonimato.
Di Zeo fue una figura central de «La 12», la facción más poderosa de la barra brava de Boca Juniors, y durante años acumuló causas por distintos delitos, entre ellos asociación ilícita, amenazas, violencia en espectáculos deportivos y tenencia ilegal de armas. Aunque en los últimos años ha tenido una exposición pública más moderada, su figura continúa asociada al universo de las barras y a los conflictos de larga data en torno al fútbol argentino.
Por ahora, la situación está en manos del consejo de administración del country, que deberá expedirse de manera formal en los próximos días. Desde la administración, indicaron que “el proceso sigue los canales habituales previstos por el reglamento interno” y que se respetará la decisión tomada por la mayoría de los vecinos.
En tanto, no se descarta que los representantes legales de Di Zeo puedan recurrir a la vía judicial si consideran que se vulneran sus derechos como ciudadano. Sin embargo, la normativa de los barrios privados otorga amplias facultades a sus consorcios para decidir quién puede residir allí, siempre que se sigan los mecanismos legales establecidos.
Este episodio vuelve a poner en debate el delicado equilibrio entre la privacidad, la seguridad y los derechos individuales dentro de las comunidades cerradas. Mientras tanto, en Abril Club de Campo, la posición vecinal parece firme: no quieren a Di Zeo entre sus calles arboladas.
