El Gobierno nacional ha anunciado la apertura al ingreso de capitales privados en Corredores Viales S.A., la empresa encargada de la gestión de sectores estratégicos de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, así como de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Esta medida forma parte de un plan más amplio que busca privatizar más de 9.000 kilómetros de autopistas y rutas a nivel nacional, a cambio de la realización de obras públicas.
La decisión apunta a atraer inversiones privadas para mejorar la infraestructura vial del país, aunque ha generado debates sobre sus posibles impactos en el costo de los peajes y el acceso equitativo a las rutas nacionales. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una vía para optimizar la calidad del mantenimiento y la seguridad vial, sectores opositores y expertos advierten sobre los riesgos de encarecimiento para los usuarios y una posible reducción en el control estatal de las principales arterias del país.
Aún no se han detallado los mecanismos específicos para la incorporación de capital privado ni el alcance definitivo del plan, pero se espera que en las próximas semanas se brinden mayores precisiones sobre el proceso de licitación y los acuerdos con empresas interesadas.
