Un fuerte escándalo sacude al sistema de transporte público y expone graves fallas en el control de los subsidios estatales. La crisis derivó en la renuncia de Luis Pierrini, empresario del sector asegurador, oriundo de Mendoza y cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de denuncias por irregularidades en la distribución de fondos públicos.
El eje del conflicto gira en torno a presuntas maniobras con subsidios por alrededor de 30.000 millones de pesos y a una disputa abierta entre dos de los principales grupos del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): La Nueva Metropol y el Grupo DOTA. La puja incluye acusaciones cruzadas por manipulaciones en el sistema SUBE y ventajas competitivas indebidas en el mercado de colectivos.
El detonante fue una denuncia presentada a fines de diciembre de 2025 por cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector, que acusaron a La Nueva Metropol de defraudar al Estado mediante la alteración de datos en el sistema de tarjetas SUBE. Según la presentación, la empresa habría intercambiado boletos de recorridos largos por trayectos cortos con el fin de inflar las compensaciones recibidas, lo que habría generado un perjuicio fiscal estimado en 30.000 millones de pesos en el último año.
Esta práctica, conocida en el sector como “truchaje” de subsidios, habría permitido a Metropol captar fondos muy por encima de sus competidores, profundizando tensiones en un mercado altamente concentrado. La firma, propiedad de los hermanos Zbikoski, rechazó las acusaciones y las calificó como una maniobra de desprestigio impulsada por empresas rivales.
Pierrini había sido designado al frente de la Secretaría de Transporte en mayo de 2025 con el respaldo de figuras clave del Gobierno. Presentó su renuncia el 22 de enero de 2026, oficialmente por motivos personales, aunque fuentes del sector señalan que la decisión fue forzada tras la difusión pública de la denuncia y mientras el funcionario se encontraba en el exterior, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.
Su salida derivó en una reestructuración interna, con remociones de subsecretarios y delegados en Trenes Argentinos, y la designación de Fernando Herrmann como reemplazante interino. La Secretaría, encargada de supervisar subsidios que en 2026 superarán el billón de pesos, enfrenta ahora una denuncia penal por presunta omisión en los controles, con Pierrini y Caputo mencionados en el centro de las acusaciones.
En el trasfondo del conflicto aparece la disputa entre Metropol y DOTA, dos gigantes que concentran gran parte de las líneas de colectivos del AMBA. Desde Metropol sostienen que las denuncias responden a su proyecto de incorporar 150 buses eléctricos de origen chino, iniciativa que contaría con incentivos estatales para flotas ecológicas y que afectaría intereses de DOTA, vinculada a la producción nacional de motores y contraria a la importación de unidades extranjeras.
Fuentes del sector recuerdan que la polémica por los subsidios no es nueva. DOTA fue señalada en años anteriores por presuntas irregularidades en la declaración de consumos de gasoil, sin que se aplicaran sanciones significativas. La investigación actual vuelve a poner bajo la lupa al sistema SUBE, basado en datos que reportan las propias empresas sobre kilómetros recorridos y pasajeros transportados, con escasos mecanismos de auditoría.
Cámaras empresarias y operadores menores reclaman una revisión integral del esquema de subsidios, al advertir que estas prácticas distorsionan la competencia y agravan la crisis de empresas que enfrentan demoras en los pagos y riesgo de quiebra.
El rol de la Secretaría de Transporte durante la gestión de Pierrini también es cuestionado por su falta de reacción ante alertas previas, que incluyeron problemas en licitaciones ferroviarias y fallas operativas en el transporte aéreo. Analistas señalan que la inacción podría responder a presiones políticas o intereses económicos, en un contexto en el que los subsidios son clave para sostener tarifas accesibles en medio de la inflación.
En 2025, los subsidios al transporte superaron los 800.000 millones de pesos, con el AMBA como principal destinatario. Un sistema que nació tras la crisis de 2001 para amortiguar el impacto social de la devaluación, pero que, con el paso de los años y la falta de controles estrictos, se convirtió en un terreno fértil para abusos y escándalos que vuelven a quedar expuestos.
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