La Confederación General del Trabajo (CGT) se sumó a los repudios contra el presidente Javier Milei tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales, cuyo valor se desplomó minutos después, generando pérdidas entre los inversores. La central sindical cuestionó la actitud del mandatario y advirtió que su pedido de disculpas no lo exime de su «responsabilidad institucional».
«El Presidente no puede actuar como un influencer financiero sin medir las consecuencias que sus palabras pueden tener en la economía y en la confianza de la ciudadanía. La desregulación no significa ausencia de ética ni de responsabilidad», expresó la CGT en un comunicado difundido este sábado.
El escándalo se desató cuando Milei publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que promocionaba a $LIBRA, asegurando que era un «gran proyecto». Sin embargo, apenas minutos después de su respaldo público, la criptomoneda sufrió un desplome en su cotización, perjudicando a quienes decidieron invertir en base a su recomendación.
La polémica escaló rápidamente en el ámbito político. Desde la oposición ya se están impulsando iniciativas en el Congreso para solicitar un pedido de juicio político contra el Presidente, argumentando que su conducta podría configurarse como una falta grave en el ejercicio de sus funciones. «El uso de la investidura presidencial para promover inversiones de alto riesgo sin regulación es inaceptable», señaló un legislador opositor.
Desde el Gobierno, por su parte, intentaron minimizar la controversia. Fuentes oficiales señalaron que Milei «se expresó a título personal y sin ninguna intención de promover una inversión específica». No obstante, el episodio reavivó el debate sobre la necesidad de establecer límites en la relación entre funcionarios públicos y los mercados financieros, especialmente en el mundo de las criptomonedas.
Mientras tanto, en los sectores sindicales y políticos continúa el reclamo para que el Presidente rinda cuentas sobre su accionar. «Es inadmisible que el jefe de Estado juegue con los ahorros de los ciudadanos. No podemos permitir que esto pase desapercibido», concluyó la CGT.
