El presidente Javier Milei redujo prácticamente a cero el envío de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias durante el primer bimestre del año, en el marco de la estrategia oficial para consolidar el déficit fiscal.
Según datos oficiales, hasta el 22 de febrero no se habían registrado giros de ATN a las jurisdicciones provinciales. El dato llamó la atención porque durante este mes se negociaba la aprobación de la reforma laboral, y en ocasiones anteriores las negociaciones parlamentarias coincidieron con transferencias de fondos a provincias que luego respaldaban iniciativas del Gobierno en el Congreso.
Una situación similar se había observado en enero. Durante ese mes se distribuyeron unos 7.000 millones de pesos a solo dos provincias: Chubut recibió 4.000 millones y Corrientes unos 3.000 millones.
En ese mismo período, el fondo total de ATN alcanzó los 92.071 millones de pesos, según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. La ejecución fue del 7,6%, por debajo del 9,2% registrado en enero de 2025.
Esto implica que los recursos que el Ejecutivo administra para asistir a las provincias ante emergencias permanecen en las cuentas del Tesoro Nacional y pasan a integrar el superávit fiscal que informa mensualmente el Ministerio de Economía de la Nación Argentina.
El balance del ejercicio fiscal 2025 también dejó en evidencia la estrategia del Gobierno respecto de estos recursos. Ese año, la administración de Milei distribuyó solo el 21,9% del fondo total de ATN y retuvo una cifra récord de 740.536 millones de pesos.
De acuerdo con informes de ejecución presupuestaria elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso y la consultora Politikón Chaco, el fondo total de ATN —integrado por una porción de la masa coparticipable y tributos como el impuesto a las ganancias— ascendió en 2025 a 948.036 millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno nacional giró a las provincias solo 207.500 millones.
La distribución de estos fondos discrecionales, diseñados para atender emergencias o desequilibrios financieros, estuvo marcada por una fuerte selectividad.
El reparto se aceleró en diciembre, cuando el Ejecutivo transfirió un tercio del total anual —66.500 millones de pesos— en apenas dos semanas, en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026.
Entre las provincias más beneficiadas se ubicó Tucumán, que recibió 35.000 millones tras el acercamiento político del gobernador Osvaldo Jaldo con el oficialismo. También obtuvieron 19.000 millones Misiones, Entre Ríos y Salta, mientras que Chaco y Neuquén recibieron 18.000 millones cada una.
En el extremo opuesto, distritos opositores como La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego no recibieron transferencias. En tanto, a la Provincia de Buenos Aires se le giraron 10.000 millones destinados específicamente a la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca.
Esta subejecución de fondos fue una de las principales herramientas para sostener el superávit financiero que el Palacio de Hacienda presenta como uno de los ejes centrales de la política económica.
Aunque la ejecución mejoró respecto al 7,3% registrado en 2024, quedó muy por debajo de los niveles de 2023, cuando se había distribuido cerca del 78% del fondo disponible.
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