El Gobierno, con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de gabinete Guillermo Francos, publicó el decreto 780/2024 en el Boletín Oficial. Este decreto reglamenta la ley 27.275 de acceso a la información pública, sancionada en 2016, y modifica el anterior decreto 206/2017.
El nuevo decreto establece una distinción entre «información pública» y «datos de naturaleza privada». Esto limita el acceso de la ciudadanía a información relevante y podría perseguir a quienes hagan preguntas incómodas bajo la figura de «mala fe».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó la medida, señalando que el Gobierno, que se autodenomina «liberal», está restringiendo el acceso a la información pública. Para el CELS, la normativa «vuelve al Estado más opaco y menos transparente».
El decreto 780/2024 también excluye información relacionada con deliberaciones preparatorias y documentos preliminares. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que esta exclusión protege a los «aportes del sector privado», que influyen en las políticas públicas.
Desde el Congreso, el bloque de Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, solicitó explicaciones al jefe de gabinete Guillermo Francos y al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Quieren saber si se consultó a la AAIP y a otras entidades de la sociedad civil sobre el decreto.
Diputadas de la UCR, como Carla Carrizo y Karina Banfi, también expresaron su preocupación. Criticaron que el decreto limita un derecho humano esencial, como es el acceso a la información pública.
Desde el Gobierno, argumentan que el decreto solo reglamenta una ley que «estaba mal hecha» durante la gestión de Mauricio Macri. Señalan que «lo privado no tiene nada que ver con la gestión estatal» y que era necesario delimitar qué es información pública.
El decreto también introduce la figura del «abuso de derecho» para quienes intenten acceder a información de manera considerada «de mala fe». Esto podría llevar a rechazar solicitudes y perseguir judicialmente a quienes las realicen.
Además, el decreto amplía la reserva de información vinculada a la defensa y política exterior, eliminando limitaciones previas que protegían el acceso a esa información en ciertos casos. Según Gil Domínguez, esto convierte en reservada toda la información relacionada con estos temas.
El debate sobre el acceso a la información pública se intensifica, mientras el Gobierno defiende su decreto como una medida necesaria para ordenar la normativa existente.
