El gobierno de Javier Milei vuelve a estar en el centro de la polémica por sus acciones contra los sitios de memoria. Ya no se trata solo de desfinanciamiento y despidos, sino de una nueva ofensiva que apunta directamente a la intervención en sus contenidos y actividades.
Ayer, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, envió un correo electrónico a todos los coordinadores de estos espacios en el que prohíbe la realización de actividades sin su aprobación previa. Además, indicó que aquellas actividades ya programadas que no cuenten con su autorización deberán ser canceladas de inmediato.
Esta medida generó una fuerte reacción por parte de los organismos de derechos humanos, que denunciaron el accionar del gobierno como «una decisión de suma gravedad» y lo calificaron como un claro acto de «censura previa».
Desde distintos sectores, se advierte que esta decisión atenta contra la memoria histórica y los derechos conquistados en democracia. “Esto es parte de una política sistemática de negacionismo y control de la memoria colectiva”, expresó un referente de Abuelas de Plaza de Mayo.
Los sitios de memoria, que funcionan en espacios donde operaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, cumplen un rol fundamental en la transmisión de la historia y en la construcción de una sociedad más democrática. La decisión del gobierno de Milei pone en riesgo la autonomía de estos espacios y genera preocupación sobre el futuro de las políticas de memoria, verdad y justicia en el país.
Organismos de derechos humanos y diversas agrupaciones sociales ya están organizando acciones para rechazar esta medida y exigir su inmediata revocación. Mientras tanto, crece el repudio a una decisión que, según denuncian, busca silenciar la memoria colectiva.
