Un fallo del Juzgado Federal N° 2 de San Martín puso un freno parcial a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y garantizó la continuidad de los convenios colectivos del sector mercantil, en una decisión que impacta de lleno en las condiciones laborales de miles de trabajadores.
La resolución judicial hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y suspendió por seis meses la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
Qué implica el fallo
La decisión obliga al Estado Nacional a abstenerse de aplicar modificaciones que afectaban la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos —es decir, su continuidad una vez vencidos— y que también imponían límites a los aportes sindicales.
De esta manera, la Justicia ratificó la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y de todos sus acuerdos derivados, asegurando que se mantengan las condiciones laborales, beneficios y derechos adquiridos por los trabajadores del sector.
Además, el fallo establece que las empresas deberán seguir reteniendo y depositando las contribuciones solidarias pactadas, un punto clave para el financiamiento de las estructuras gremiales.
Impacto en el sistema sindical
Desde FAECYS advirtieron que la medida resulta determinante para evitar el desfinanciamiento de los sindicatos, lo que podría haber afectado servicios esenciales como la cobertura de salud a través de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), así como programas de capacitación y asistencia.
En ese marco, el secretario general del gremio, Armando Cavalieri, destacó que el fallo “defiende la dignidad de los trabajadores” y cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno. “No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intenten recortar derechos históricos”, afirmó.
Un fallo con impacto político
La resolución judicial abre un nuevo frente de tensión en torno a la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la política económica del gobierno de Javier Milei.
Aunque la medida es provisoria, fija un precedente relevante y deja en suspenso la aplicación de aspectos clave de la normativa, en un contexto de fuerte disputa entre el Ejecutivo y los sindicatos por el rumbo del mercado laboral en la Argentina.
About The Author
